Héctor Tapia / Metapolítica

Mucho se ha referido y acusado de que el presidente Andrés Manuel López Obrador interfiere o violenta la autonomía de los organismos electorales, pero vamos más allá de lo que considero es una simple acusación coyuntural.

Los organismos electorales, desde su diseño constitucional y presupuestal, están vulnerados por los partidos políticos y, claro, como sucede en muchos casos donde meten la mano, por sus intereses, por ello es que asevero que es ficticia la autonomía que dicen defender actualmente.

Estos organismos se han convertido en un reparto de cuotas en espacios de poder estratégicos para los mismos partidos, y esto obviamente comprometen desde ahí la autonomía de las determinaciones que recae en ellos.

Luego entonces, la autonomía de estos organismos desde el origen está vulnerada, violentada, y los responsables son los mismos partidos políticos.

Que no se confunda, hay consejeros o magistrados que tienen experiencia, y que han hecho una digna carrera en materia electoral, y se han ido ganando los lugares que ocupan en función de su preparación y desempeño; sin embargo, hay también, en contraparte, posiciones que han sido asignadas por interés o intereses de grupos o actores políticos específicos.

Ahora ha salido a la discusión a partir de los señalamientos y criticas duras que ha tenido la actual administración federal no sólo a lo polémico de las determinadas que han venido tomando dichos organismos, sino de los excesos en que estos han incurrido, o enriquecimiento ilícito o inexplicable, y se han venido documentando, con los cuales han alimentado mecanismos clientelares, amiguismos y pagos de favores.

Entre los excesos señalados hacia magistrados o consejeros electorales inicia con los estratosféricos salarios que perciben, los cuáles superan por mucho lo establecido como salario para el mismo presidente de la república.

Pero más reciente han salido a relucir también casos de presunta corrupción que han llevado al enriquecimiento inexplicable de algunos magistrados, o que han desvelado a su vez los nexos muy cercanos de algunos con la defensa jurídica de intereses partidarios.

Estos ejemplos se han ventilado particularmente en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Estos excesos en que han incurrido y los nexos con intereses partidarios o políticos han sido señalados; pero ¿el señalamiento o la crítica a ello es injerencia en su autonomía?.

Ciertamente López Obrador ha asumido una posición distinta hacia estos organismos, ha marcado un estilo diferente de hacer política, ha dejado de lado en muchos temas lo “políticamente correcto”, y se ha lanzado en reiteradas ocasiones a criticar y señalar a partir de los excesos existentes a estos organismos. Y en esta ruta ha insistido en la necesidad de reformar los mismos, lo que a consideración de muchos es una posición injerencista del gobierno federal en la autonomía, lo que advierten es un riesgo.

Pero, por otro lado, ¿no requieren estos organismos una revisión a fondo y una reforma adecuada que realmente garantice no sólo su autonomía sino su fortalecimiento?

Se olvida también que desde e diseño tanto las instituciones electorales como la designación o selección de los perfiles ya vienen “contaminados”, y comprometidos en su autonomía. Por un lado está la dependencia presupuestal directa del Ejecutivo los pone en riesgo de ser presionados vía los recursos que requieren no sólo para la operatividad de dichos organismos.

Sin embargo no es lo único. Recordemos, para el caso de las magistraturas electorales, estas pasan por el Senado de la República, donde están representados los partidos. Los interesados en la convocatoria que se emite van y se registran, luego inician una ruta de reuniones y cabildeos con los senadores, y tras una serie de pruebas, donde se enlistan “a los mejores”, los senadores -ahí sí a discreción y a contentillo- definen de entre ellos a quienes ocuparán una posición en el tribunal donde está la vacante que pretenden designar titular; aspecto donde tiene injerencia el peso específico de cada fuerza política ante la Cámara Alta.

Para el caso de las consejerías electorales federales, éstas las realizan los diputados federales, para la cual si bien se inician procesos de examen y selección, también al final, de entre un puñado de “finalistas” los legisladores, que representan a los partidos políticos, vuelven a aplicar la misma dinámica, son los que definen a los consejeros.

Es decir, son los mismos partidos políticos los que se disputan desde el origen éstas posiciones.

También, hay que referir como apunte necesario, muchos de los magistrados y consejeros electorales en funciones actualmente, fueron seleccionados bajo los mecanismos arriba señalados, cuando otras fuerzas políticas distintas a los cuartatransformacionistas tenían el control de las cámaras federales.

Entonces, a partir de esto, es pertinente preguntar: entonces ¿cuál autonomía?, ¿quién o quiénes violentan a estos organismos?, ¿quién o quiénes comprometen la imparcialidad que deben tener?