Oscar Guerrero / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Como un “retroceso” calificó la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CEDPI) a las reformas que se promovieron desde el Congreso de Michoacán para permitir que 129 pueblos originarios puedan acceder a su autogobierno, a través de la asignación de presupuestos directos.
La subdirectora jurídica de la CEDPI, Patricia Torres Sandoval, advirtió que, al solicitar su autonomía financiera, las comunidades indígenas del estado podrían verse impedidas a acceder a recursos correspondientes a infraestructura y desarrollo social, ya que, dijo, estas bolsas presupuestales seguirían siendo responsabilidad de los gobiernos estatal y municipales.
“Es decir que tienen que buscar un recurso extraordinario, además del que le llega de manera directa. Es un ejercicio, una exigencia sentida, en el sentido de que existe un racismo estructural, y de esa imposibilidad de ejercer esa autonomía financiera porque la estructura, dentro del sistema político mexicano, establece tres espacios: la federación, el estado y el municipio”, precisó.
Advirtió que “ese es uno de los retos que tienen las comunidades, porque la dinámica del ejercicio del presupuesto directo es distinta a como se realiza en el municipio. Hace falta incorporar una perspectiva cultural, es decir, mantener una postura de manera tal que permita esta discrecionalidad a partir de que son una comunidad indígena, y la forma en la que se toman decisiones son en ocasiones distintas”.
Ante ello, al menos 15 comunidades indígenas están en proceso de ejercer su presupuesto de manera directa, y no a través de sus respectivos ayuntamientos.
Esta información fue compartida por el abogado y catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Orlando Aragón Andrade, quien reconoció en entrevista con Metapolítica que pese a las bondades que trajo consigo la reforma a la Ley Orgánica Municipal para las comunidades indígenas, los órganos electorales y ayuntamientos “siguen aplicando criterios muy restrictivos para poner freno a la autonomía de los pueblos originarios”.
En este contexto, el Congreso de Michoacán aprobó reformas a la Ley Orgánica Municipal del Estado para permitir que 129 comunidades indígenas puedan acceder a presupuestos directos.
