Jacques Coste
En semanas recientes, la calidad de la educación que reciben los niños y los jóvenes mexicanos ha sido uno de los temas centrales de nuestra discusión pública. La coyuntura del regreso a clases presenciales, luego de un año y medio en que las escuelas mexicanas permanecieron cerradas por la pandemia, alentó este debate.
Es tan sano como inusual que la mirada pública se centre en este asunto. Desafortunadamente, cuando la coyuntura termine y otros temas más deslumbrantes copen la agenda mediática, la educación volverá a estar relegada a unas cuantas columnas de opinión escritas por editorialistas expertos en el tema o a discusiones en foros especializados en la materia.
El acceso a la educación es un tema importante para casi todos los mexicanos, pero la calidad de la educación no lo es. Es decir, para el ciudadano mexicano promedio, es fundamental que sus hijos puedan asistir a la escuela, pero el rigor de los programas educativos y las aptitudes de los docentes pasan a segundo término.
Algo parecido ocurre con los políticos y los funcionarios públicos: desde gobiernos anteriores, aunque esto se ha acentuado durante la presente administración. Es prioritario abrir más escuelas (“acercarle la escuela a la gente”), pero poco importa que estos planteles formen estudiantes sólidos, inteligentes, capaces, autosuficientes. Ahí están las decenas de Universidades Benito Juárez que ha inaugurado este gobierno como botón de muestra.
Esto se replica a nivel local. En los estados, los gobernadores se preocupan más por difundir en los diarios y las redes sociales fotografías de cómo inauguran un plantel en tal comunidad marginada que por mostrar que, con determinada política pública, los estudiantes son mejores en matemáticas, en ciencias o en comprensión de lectura.
Los informes de gobierno de mandatarios federales y locales suelen seguir el mismo tono: abrimos tantas escuelas, repartimos tantos libros de texto, lanzamos una campaña de útiles escolares o disminuimos el analfabetismo en tanto por ciento. Por supuesto, estas acciones son fundamentales y seguir avanzando en estos rubros es necesarios.
Sin embargo, las políticas de educación pública no se pueden enfocar solamente en estas prioridades. Todos los indicadores referidos son de acceso a la educación. Ninguno hace referencia a la calidad educativa.
Una de las razones principales por las que esto ocurre es que la mayoría de presidentes, gobernadores y secretarios de Educación (tanto federales como estatales) ven a la educación con un lente político. Sus objetivos principales son la gobernabilidad y la estabilidad social, no el robustecimiento de los programas o el fortalecimiento de las capacidades de los alumnos y los maestros. Una vez más, esto ya ocurría en sexenios anteriores, pero se ha agravado durante este gobierno.
Así, normalmente el propósito primordial de los gobiernos federal y locales es mantener a las centrales magisteriales (el SNTE y la temida CNTE) contentos para evitar huelgas, bloqueos y todo tipo de manifestaciones.
El sindicalismo en general es positivo, pues es la herramienta principal para defender y ampliar los derechos laborales. No obstante, el sindicalismo magisterial mexicano lleva lustros más enfocado en conservar sus prebendas que en formar a mejores docentes, que sean auténticos educadores y verdaderos impulsores del desarrollo del país.
Esto no quiere decir que no haya maestros formados en las Escuelas Normales que sean excelentes docentes, comprometidos y ejemplares. Los hay y son muchos, pero en términos generales, las centrales magisteriales —sobre todo la CNTE— son más un obstáculo que un vehículo para el progreso educativo.
En síntesis, los gobiernos de los estados y la federación optan por apaciguar al magisterio, mantenerlo a raya o a un nivel de movilización manejable, en desdoro de la calidad de la educación que reciben los estudiantes. Eso se traduce en que los secretarios de Educación suelen ser operadores políticos, hábiles para negociar con los sindicatos, pero con conocimientos limitados en materia educativa.
En este tenor, puesto que la preocupación máxima de la mayor parte de los padres de familia es que sus hijos acudan a la escuela —lo que hacen ahí dentro y cuánto aprenden es algo bien distinto—, entonces los gobernantes se dedican a ampliar la red de planteles escolares y a garantizar, tanto como puedan, el acceso a la educación.
Por tanto, en la práctica muchas escuelas son, ante todo, guarderías: un lugar donde los niños pueden estar seguros —y eso habría que cuestionarlo a la luz de los recientes casos de abuso sexual infantil— mientras los adultos realizan sus actividades laborales. Con ello, la economía sigue a flote y los padres de familia están conformes porque sus hijos van a la escuela y adquieren ciertas aptitudes básicas de lectoescritura y matemáticas. Eso y poco más.
Para los gobiernos, eso es suficiente. ¿Qué más da no tener estudiantes sólidos? ¿Qué más da no incentivar la curiosidad intelectual de los infantes y los adolescentes? ¿Qué más da dejar a los jóvenes a la deriva, para que se busquen la vida solos en la universidad o el mercado laboral? Al fin, hay gobernabilidad, relativa estabilidad y un nivel económico razonable. Así es como lo ven nuestros gobernantes. No les importa la calidad de la educación pública. Y esto viene de tiempo atrás.
Twitter: @jacquescoste94
