Por Héctor Tapia

Hay que decirlo, fue histórico el respaldo hacia el gobierno de Michoacán. No la visita la visita del presidente en sí, sino que se dio en compañía de todos los integrantes del gabinete federal.

Con esta visita se deja claro una cosa: el presidente quería nada con Silvano Aureoles Conejo. Absolutamente nada.

Las diferencias políticas eran evidentes, y quedó más que claro que las diferencias políticas trascendieron a la institucionalidad. Motivado en parte por la desconfianza en el entonces gobernador michoacano, desconfianza que no fue gratuita, porque bajaba la voz cuando tenía al presidente frente a si, pero -en contraparte- vociferaba apenas López Obrador se daba la vuelta.

Sin embargo, esta relación tortuosa entre ambos políticos que afectó y afecta actualmente a todos los michoacanos y michoacanas, alcanzó su grado máximo de desconfianza con las dudas bien fundadas sobre el manejo de los recursos que venía haciendo Aureoles Conejo; hay una estela de rastros que hacen pensar y dan la razón a los cuartatransformacionistas de que los recursos estatales eran utilizados para otros fines, incluido el tema electoral. De aquí que se lleve a pensar que por ello “no le abrían la llave” de los recursos federales para atender los múltiples problemas que viene enfrentando la entidad, y esto profundizó, sin duda, la crisis que afecta ya la operatividad de las instituciones.

Pero, más allá del respaldo económico anunciado por el presidente para Michoacán, para salir de la evidente crisis, y el consiguiente espaldarazo, que no se ha dado con otro gobernador emanado de Morena, están otros elementos que dejan clara la intención política del mandatario mexicano.

De entrada le designó labores que corresponden a la estructura del gobierno federal, que es la de vigilar y operar los programas del Bienestar, que corresponden al nivel de gobierno que encabeza López Obrador, como si fuera el Gobierno de Michoacán un área más del gobierno de la República; como si fuera poco la responsabilidad que por sí sola significa el gobernar Michoacán.

Por un lado, con lo dicho por el presidente durante el acto de que Alfredo Ramírez Bedolla “será mi representante en Michoacán, y va a coordinar que todas las acciones del gobierno federal se apliquen en los 113 municipios, y que estas estén supervisadas, coordinadas, por el gobernador”, se abre una línea de interpretación que a vista de todos significa que el papel de Roberto Pantoja Arzola, coordinador de los programas federales en el estado, no ha sido suficiente. Quizá esto debería preocuparle a éste último, que sí es funcionario federal.

Pero por otro, el entender al gobierno de Michoacán como una ventanilla federal corre sus riesgos; la república está conformada por estados o entidades federativas que son libres y soberanas, y si bien la disponibilidad y armonía para trabajar en coordinación es fundamental, esta no debe significar la claudicación o la pérdida de la soberanía.

Un rescate, necesario y urgente del estado, no debería significar la aceptación de la conversión en una ventanilla de un poder que tiene sus propias responsabilidades, ambos niveles de gobierno tienen sus propias facultades, y para ello fueron electas cada una de ellas. Uno no es empleado del otro.

Mientras tanto, en este inter, la representación que le ha conferido el presidente Andrés Manuel López Obrador al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que si bien puede leerse en un primer momento como un completo espaldarazo al mandatario michoacano, este podría generar más problemas que beneficios a la naciente administración estatal que apenas inicia su luna de miel con el pueblo michoacano.