Oscar Guerrero / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- En medio de las designaciones que se siguen anunciando al interior de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, colectivos feministas exhibieron a dos funcionarios del Gobierno de Michoacán por presentar denuncias por acoso sexual, entre las que salió el nombre del diputado morenista Roberto Reyes Cosari.
En conferencia de prensa, integrantes de ILEMich denunciaron que, entre las designaciones que se han hecho públicas en el gobierno estatal, se encuentra la de Omar Murillo Nuñez, quien, previo a que recibiera el nombramiento de director de Operación de Fondos y Valores de la Secretaría de Finanzas y Administración, “fue acusado y sentenciado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del estado de Guanajuato por abuso sexual y laboral en 2017”.
Los casos de acoso sexual que giran en torno a la adminstración bedollista no terminarían ahí, ya que las denunciantes también exhibieron otro nombre, el de Héctor Abud Ochoa, “quien tiene denuncias por violencia y agresiones sexuales y que es de nuestro conocimiento que es del primer círculo del gobernador, pues incluso aparece en fotos publicadas por él mismo en su cuenta de Twitter como integrante de su secretaría particular y que al momento de esta rueda de prensa labora en la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco)”.
Además de los casos denunciados al interior del Gobierno de Michoacán, los colectivos expusieron el nombre del diputado de representación proporcional por Morena en el Congreso del Estado, Roberto Reyes Cosari, en quien, aseguran, recaen acusaciones de acoso sexual y laboral, presuntamente registradas en 2020.
“Y porque lo personal es político y porque ahora sabemos que las agresiones que en un momento se consideraban cuestiones personales no lo son, y que por el contrario son problemáticas estructurales y sistemáticas de violencia patriarcal, y porque una de las consignas más firmes del feminismo es la tolerancia cero a la violencia de cualquier tipo contra las mujeres, así como cero tolerancia a las personas que la ejercen, estamos atentas a que ningún servidor público del poder ejecutivo tengan antecedentes de violencia”, advirtieron en un posicionamiento.
El colectivo ILEMich dio a conocer que esta serie de denuncias le fueron enviadas al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, bajo la intención de que los funcionarios que forman parte de su administración sean destituidos.
Del mismo modo, solicitaron audiencia con Ramírez Bedolla, ya que ignoró la propuesta de tener un acercamiento con ILEMich antes de asumir la titularidad del Ejecutivo estatal.
