Metapolítica
Ciudad de México.- La Secretaría de Gobernación, encabezada por Adán Augusto López Hernández, solicitó a los altos mandos de las dependencias federales y estatales que detecten y cesen a los servidores públicos que hayan participado de forma directa o se les vincule con exfuncionarios hoy juzgados por vínculos con la delincuencia organizada.
En el mensaje se detalla: que “hayan participado de forma directa en el círculo cercano, o que estén vinculados con exservidores públicos de alto nivel que hoy son juzgados en nuestro país o en el extranjero por vínculos con la delincuencia organizada u otros delitos, que por su gravedad hayan puesto en riesgo no sólo a las instituciones, sino que con su actuar permitieron que la delincuencia avanzara en territorios o permeara organismos y corporaciones”.
La petición se hizo mediante un oficio en el que también se demanda tomar medidas para “erradicar conductas indebidas que se llevaron a cabo durante años en pasadas administraciones”.
El diario La Jornada dijo poseer una copia del documento que fue enviado el pasado 19 de octubre por el secretario de Gobernación, reiterando el compromiso de combatir la corrupción, una exigencia, dice el diario, “que en varias ocasiones ha expuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador, y que ha llevado a la revisión de quiénes ocupan cargos en áreas de seguridad y justicia en el ámbito federal”.
Funcionarios federales revelaron que en el oficio no se menciona a ningún exfuncionario por su nombre, pero que busca desarticular la red de complicidades que aún opera en el gobierno federal y que sirve a intereses del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y a sus colaboradores principales.
A decir de las fuentes consultadas por el diario de circulación nacional, el gobierno federal le preocupa que los vínculos creados por García Luna y sus colaboradores cercanos se hayan extendido a puestos operativos considerados de bajo riesgo y que sirvan todavía a una red de corrupción en la que fueron involucrads instituciones de seguridad e inteligencia, para beneficiar a grupos delictivos.
“Como es de su conocimiento, el gobierno que encabeza el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, tiene entre sus prioridades el combate a la corrupción y la impunidad, lo que implica en consecuencia ejercer un gobierno libre de prácticas ilegales y privilegios, haciendo frente y erradicando conductas indebidas que se llevaron a cabo durante años en pasadas administraciones.
“En tal virtud, es exigible un compromiso cotidiano de todas las dependencias e instituciones, particularmente de todas y todos los servidores públicos que lo integran para cumplir con sus tareas pensando siempre en el bienestar del pueblo, y guiados por los principios que deben caracterizar al servicio público, privilegiando la honestidad y la transparencia en nuestro proceder.
“No omito precisarle respetuosamente, que este llamado a la congruencia implica la toma de decisiones firmes e inmediatas para garantizar que se cumpla con la exigencia de contar en el servicio público con los hombres y mujeres más comprometidos con el avance y la transformación de nuestro país”
Genaro García Luna enfrenta dos juicios en Estados Unidos: uno, por narcotráfico, lavado de dinero y nexos con grupos del crimen organizado a solicitud del gobierno estadounidense; otro, promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por robo de recursos del erario mexicano durante su gestión como titular de la SSP.
Con información de La Jornada
