Oscar Carbajal
Si algo ha resonado en la memoria de la ciudadanía desde que comenzó la administración de López Obrador es el poner en manos del pueblo bueno y sabio la continuidad al frente del Gobierno de México después de que la sociedad emita su voto en la famosa “Revocación de mandato”.
Los mecanismos de participación ciudadana en México son muy poco vistos actualmente, son contados y escasamente celebrados los eventos en los que, la partidocracia no existe y solamente es la sociedad frente a la urna en búsqueda de ir más allá de la definición de gobernantes. Se podría decir que “estamos en pañales” dentro de la materia de participación ciudadana si volteamos a ver a otros países, como lo sucedido con el famoso “Brexit” en Reino Unido, o en Sudamérica, donde recientemente Chile y Argentina han tenido movimientos masivos para poner a consideración de la sociedad el cómo habría de actuar el gobierno en cuestiones especificas.
En México, el referéndum, plebiscito, consulta popular y ahora, la revocación de mandato, son considerados los eventos sociales democráticos más puros que pueden llevarse a cabo, pero, ¿por qué? La razón es que nos han dado a comprender que la democracia es un elemento que se puede atender en diferentes momentos y no solamente cada tres años que se convoque a la renovación de cargos de elección popular. Si hablamos de la Revocación de Mandato, tenemos que apreciar el hecho de reconocer si la continuidad o no de un mandatario es aprobada por la sociedad; digamos que esto se convierte en un acto de fe, crítica y análisis que solamente la ciudadanía, sin presión político-partidista, debe realizar.
Y ahí es donde existe el problema. De acuerdo con las leyes reglamentarias de los mecanismos de participación ciudadana, no puede existir influencia alguna de los partidos políticos, funcionarios públicos o gobernantes que busquen incidir en la voluntad del electorado. Esto es por lo que se ha conocido como los mecanismos puros de democracia, y recordemos que en México existen autoridades especializadas en materia electoral, como lo son el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entes encargados de vigilar que no se maneje de manera adversa la organización y difusión de los mecanismos de participación ciudadana de acuerdo con los fines para los que son ejecutados.
Conociendo esto y que el INE es quien debe organizar y difundir que se llevará a cabo una jornada de votación para decidir si continua o no en su cargo Andrés Manuel López Obrador, es que nos encontramos el problema de los mecanismos de participación ciudadana, la falta de sanciones fuertes que puedan detener la intromisión de actores que violen las reglas de difusión e influyan en la voluntad del electorado.
Recientemente, el Tribunal Electoral determinó que es violatorio que toda aquella persona que sea llevada al proceso de “Revocación de Mandato” tenga derecho a opinar e informar acerca de la continuidad en su cargo; y como era de esperarse, el Presidente de la República hizo caso omiso a ello, una vez más como con lo sucedido en la Consulta popular para “enjuiciar expresidentes”.
No suena fuera de lo normal y legal lo emitido por parte del Tribunal, ya que ordenó al INE hacer la modificación necesaria para que se límite ese derecho, teniendo en cuenta algo que por su propio nombre lo señala, la participación ciudadana es exclusiva de la sociedad, sin intermediarios. De no respetar eso, estaríamos en un conflicto de intereses en el que las fuerzas en el poder determinarían el resultado de lo se pone a consideración del electorado, desperdiciando los mecanismos establecidos para hacer de la democracia, un factor de gobernabilidad más sólido.
Recordemos que no es la primera vez que se pone freno a las influencias partidistas en torno a la difusión de los mecanismos de participación ciudadana. Hablar de democracia participativa, es hablar de poder decidir sobre la ejecución o no de una obra, implementación de una partida presupuestal para la seguridad o la salud. Permitir que dichos mecanismos sean utilizados para un fin distinto al que, por naturaleza existen, estaría arrebatando a la democracia y a la sociedad la oportunidad de explorar lo que de verdad es la Participación en un Estado Libre.
