Por Héctor Tapia
La lucha contra la corrupción en Michoacán está frente a otro escenario que minaría desde dentro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción el esfuerzo por combatir este gran problema que ha lastimado al estado.
Hay agentes externos que buscan imponerse en la designación de uno de sus integrantes, lo que dejaría seriamente cuestionado no sólo al perfil que buscan imponer, sino también al organismo ciudadano que ha buscado, contra viento y marea, ser un contrapeso y espacio donde se impulsen una serie de acciones encaminadas a la lucha contra la corrupción.
Actualmente, el Comité de Participación Ciudadana tiene vacante una de sus cinco posiciones, que fue dejada por Elvia Higuera Pérez, quien buscó encabezar la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), y para ello tuvo que renunciar, pero desde entonces no se había designado a nuevo integrante, esto desde hace un año.
Para esta posición se emitió una convocatoria para la selección, y es aquí, en este punto, donde comienzan las irregularidades. Quien incidió para la integración de la Comisión de Selección fue la Comisión de Gobernación de la anterior legislatura, presidencia que ocupó la legisladora morenista Cristina Portillo Ayala, actual funcionaria del gobierno del estado, titular del área de Telebachillerato.
Bueno, pues esta Comisión legislativa, de una Legislatura bastante ya señalada, definió a quienes integrarían a la comisión de selección que definirá al nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana del SEA. Pero, ¿quiénes quedaron como integrantes de la comisión de selección? Se trata de José Cuitláhuac Guzmán Hernández, Blanca Liliana Ramón Mena, Erika María Díaz Arias, Juan Carlos Miranda Rosales, Miguel Ángel Medina Romero, José Luis Cortés González, José Rodrigo Reyes Pérez, Aurelia Suárez Torres y Mario Vigil Martínez.
De entrada estos nombres no dicen algo específico, de una Comisión de Selección definida por la comisión que presidió Cristina Portillo. Pero desde ahí ya hay un vicio que no sale a la vista.
Resulta que dos de sus integrantes, José Luis Cortés González y Blanca Liliana Ramón Mena, están casados, según refiere el acta de matrimonio que se hizo llegar a esta redacción, y forman parte, ambos, de la Comisión de Selección, lo que desde entrada presupone conflictos de intereses, y que la decisión sobre quién formará parte del organismo ciudadano del SEA, que se supone imparcial entre sus integrantes, por esta situación podría viciarse el proceso selectivo.
Pero esto no para aquí. Esta comisión de selección llegó a la fase de seleccionar a varios perfiles que cumplieron presuntamente los requisitos; uno de ellos es Carlos Alberto Gamiño García. Justamente un perfil allegado a la exlegisladora y ahora funcionaria estatal.
Hasta donde se sabe, de integrantes de la misma Comisión de Selección, Cristina Portillo ha venido presionando para que se elija a Carlos Gamiño como el nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana, y en esta ruta se ha convocado de forma exprés para la tarde de este miércoles para realizar la selección, la cual requiere que tres cuartas partes emitan su dictamen a favor de uno de los perfiles.
De concretarse o tener efecto la presión externa ejercida por la exlegisladora se estará vulnerando de forma grave el espíritu del Comité de Participación Ciudadana, organismo que no puede ni debe estar sujeto a presiones políticas ni para integrarse ni tampoco para las posturas y trabajos que se debe impulsar desde el organismo.
Estos mecanismos de presión son la herencia, los resabios, de una reprochable conducta que imperó durante la Legislatura pasada.
La lucha contra la corrupción en el estado ya está viciada en varios frentes; el contaminar el organismo ciudadano que forma parte del Sistema no puede ser uno de ellos.
