Héctor Tapia
Concedamos pues la premisa. ¡Fuera “cortinas de humo”! No distraigamos la discusión de los temas relevantes para Michoacán, de lo que preocupa a las michoacanas y a los michoacanos.
Ayer, Silvano Aureoles Conejo asomó la cabeza tras 42 días de haber dejado el cargo de la gubernatura y haberse ido por la puerta trasera.
Si bien el cúmulo de preguntas a su cierre de gestión se fueron apilando en función de la crisis financiera, de gobernabilidad y de seguridad que se agudizó durante sus últimos meses, desde que dejó el cargo, con el destape de varios aspectos escandalosos, ninguno le valió al exgobernador un pronunciamiento.
Ayer lo hizo para reclamar “la exhibida” por los lujos y características de la Casa de Gobierno (ahora Casa Michoacán), donde él vivió durante seis años, y que por características como ventanas blindadas y pasadizos de escape, múltiples baños sauna, jacuzzis, remarcó en un breve mensaje en Twitter que no era un búnker como se manejó en varios medios.
Sin embargo, a la fecha, al exgobernador no le ha nacido responder al caso del contrato de espionaje con el cual pactó entregar 132 millones de dólares al empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de lavado de dinero y defraudación fiscal, y que, por cierto, se encuentra prófugo.
Este caso tiene un nivel de gravedad que por el momento aún no se dimensiona porque tampoco se tiene más información al respecto.
Y es que si bien es escandalosa la cantidad de recursos destinados para este contrato con la empresa –aspecto que se debe investigar sin duda–, lo más preocupante es cómo se utilizó todo este sistema de espionaje, vulnerando así la privacidad de los michoacanos y michoacanas.
Para intervenir alguna línea telefónica o espiar la actividad de algún objetivo presumiblemente criminal, se necesitan elementos que den la duda razonable de que está cometiendo algún ilícito, y en función de ello, solicitar a un juez que permita intervenir.
Sin embargo, en este caso específico, ¿qué criterios utilizaron para el espionaje?, ¿a quiénes se espió?, ¿razones de seguridad o simplemente razones políticas?, ¿quiénes fueron objeto de este espionaje?, ¿delincuentes, políticos, empresarios, periodistas, ciudadanos de a pie? ¿Quiénes?
Este aspecto, aunque no se ha profundizado al respecto, y sigue sin explicación, vulneró los derechos de los michoacanos y michoacanas. ¿Quién tiene, cómo y para qué usa la información privada de todos nosotros? Es urgente una respuesta.
¿O el contrato fue sólo una pantalla?
Director General de Metapolítica.mx, reportero en Medios Radiofónicos de Michoacán y analista político en Canal 6 Media Group y Cadena Rasa.
