Jacques Coste
Toda mi solidaridad y admiración para mis amigas y amigos del CIDE, quienes están arriesgando su futuro profesional y académico con tal de defender sus ideales, su autonomía y su institución.
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El viernes 19 de noviembre, decenas de trabajadores, profesores, egresados y estudiantes del CIDE realizaron una protesta pacífica ante las oficinas del Conacyt. Muchos medios han reportado que el propósito principal de la manifestación fue solicitar la destitución del director general interino, José Antonio Romero Tellaeche. En realidad, fue mucho más que eso.
Vamos por partes. Primero, una breve contextualización. Durante este sexenio, la política de promoción de la ciencia, la cultura y la innovación tecnológica ha sufrido un deterioro rápido, profundo y, lamentablemente, silencioso.
Los centros públicos de investigación han experimentado fuertes recortes de presupuesto y personal. Las becas para estudiar en el extranjero y los apoyos para acudir a congresos, coloquios y estancias de investigación en otros países dejaron de llegar. Los militares empezaron a tener un papel más activo en la política de investigación e innovación.
La gestión del Conacyt, a cargo de la directora general María Elena Álvarez-Buylla, ha estado conducida por una ideología difusa y cargada de revanchismo, que utiliza conceptos como “ciencia neoliberal” y “ciencia popular”.
Además, se observa una política cada vez más intervencionista del gobierno federal, por medio del Conacyt, sobre las instituciones académicas públicas. Por ejemplo, el proyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que presentó el Conacyt, establece que los centros públicos de investigación son paraestatales cuya función es desarrollar proyectos con base en los temas de interés del gobierno en turno.
A todo esto hay que añadir tres hechos recientes, ya muy comentados en este y otros espacios: la entrada por la fuerza del fiscal general de la República, Alejandro Gertz, al Sistema Nacional de Investigadores, las críticas del presidente López Obrador a la UNAM y la persecución a 31 académicos acusados de delincuencia organizada por parte del Conacyt y la Fiscalía General de la República.
Ahora, vamos con el CIDE. El 4 de agosto de 2021, José Luis Romero Tellaeche fue nombrado director general interino, poco después de que Sergio López Ayllón renunciara a la dirección general, según se sabe, bajo fuertes presiones por parte de la directora general del Conacyt.
Desde el inicio de su interinato, Romero Tellaeche se comportó más como un comisario político que como el director de una institución académica autónoma. Primero, declaraba continuamente que el CIDE estaba al servicio de los intereses neoliberales y criticaba sin recatos a la institución que dirigía, pese a no formar parte de su planta docente y tras haber sido impuesto directamente por Álvarez-Buylla.
Luego, fue más allá y despidió a Alejandro Madrazo Lajous de la dirección del CIDE Región Centro (con sede en Aguascalientes) y a Catherine Andrews de la Secretaría Académica del CIDE, por “pérdida de confianza” y “actos de rebeldía”. Estas destituciones, sin duda, fueron decisiones autoritarias y arbitrarias, pues Romero se saltó los reglamentos oficiales y las normas no escritas de la institución y la academia para ejecutarlas.
Un hombre vengativo, que toma decisiones unilaterales, que se enfada porque no se cumple su santa voluntad, que impulsa purgas ideológicas y que desprecia los cuerpos colegiados, no puede ser director de una institución académica.
Por eso, una de las demandas principales de la comunidad del CIDE era destituirlo y garantizar que su interinato no pasara a ser una gestión completa. No obstante, como mencioné en un principio, los reclamos trascienden lo coyuntural y atienden el deterioro general de la política de promoción de la ciencia, la investigación y la cultura. En ese sentido, lo preocupante del caso del CIDE es que puede ser el primero de muchos.
Si al CIDE le está ocurriendo esto, pese a que es uno de los centros públicos de investigación más reconocidos del país y a pesar de que muchos de sus investigadores cuentan con espacios en medios de comunicación, entonces imaginemos la captura silenciosa que puede ocurrir (o ya está ocurriendo y no nos hemos enterado) de decenas de otras instituciones académicas con menor visibilidad mediática.
Si el gobierno captura a una institución con bastante poder y mucho prestigio, como el CIDE, y se sale con la suya, entonces irá por más: El Colegio de México, otros centros públicos de investigación, las universidades públicas estatales, las universidades autónomas y, la joya de la corona, la UNAM.
Y si todo esto ocurre, regresarán los tiempos del adoctrinamiento y el pensamiento único a las aulas de las universidades públicas. La calidad académica será secundaria, pues lo importante será la adscripción a cierto credo político.
Los criterios para seleccionar quién es el mejor candidato para una beca o para ingresar a una institución no serán sus credenciales académicas, la solidez de su proyecto de investigación, su bagaje literario o sus estudios previos. Más bien, ganará quien se comprometa a estudiar los temas que le interesan al gobierno en turno, o bien, quien apoye políticamente al partido en el poder.
Lo más lamentable de todo esto es que la cruzada antiacadémica del presidente López Obrador y la directora general del Conacyt se sustenta en el miedo hacia el pensamiento crítico y en prejuicios falaces, en caricaturas baratas y simplistas: los investigadores son millonarios, indiferentes ante las dolencias del pueblo, que observan por arriba del hombro a todos los demás mexicanos desde sus lujosos cubículos; peor si estudiaron en el extranjero, en donde sólo aprendieron malas mañas, a robar, a seguir la ideología neoliberal.
Todo esto es falso. Sería difícil encontrar espacios más plurales que las universidades públicas y los centros públicos de investigación. Sería complicado encontrar a perfiles con mayor compromiso social que muchos profesores e investigadores. Si en un lugar impera el pensamiento crítico (contrario al pensamiento dogmático, que supuestamente quieren combatir Álvarez-Buylla y Romero Telleache), es en la academia.
Sin embargo, en toda esta historia, también hay un lado luminoso. Muy pocos sectores afectados por las políticas del actual gobierno se han defendido con tanta valentía y decisión como los académicos.
Ahí están los investigadores encabezados por Guillermo Sheridan, plantándole cara al mismísimo fiscal general de la República, buscando, por todos los medios legales, su destitución del Sistema Nacional de Investigadores por haber cometido plagio.
Ahí está la comunidad del CIDE, parándose en las oficinas centrales del Conacyt, exigiendo que destituyan al director espurio y que les devuelvan su institución.
Ahí está el colectivo ProCiencia MX, que ha denunciado todas y cada una de las acciones por medio de las cuales el gobierno federal está destruyendo el aparato público de fomento científico y cultural.
La comunidad académica se ha defendido como muy pocos otros sectores: con inteligencia, con valor, con decisión y con la convicción de que están defendiendo a su gremio, pero también a las generaciones futuras y a la posibilidad de tener un México mejor.
Por ello, las acciones de la comunidad académica mexicana honran el espíritu de muchos hombres y mujeres valientes que han defendido la libertad de pensamiento y la pluralidad en las universidades a lo largo de la historia ante regímenes autoritarios.
Como dijo Miguel de Unamuno: “Este es el templo de la inteligencia y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaríais algo que os falta: razón y derecho en la lucha”.
Consultor político, ensayista e historiador. Twitter: @jacquescoste94
