Héctor Tapia / Metapolítica
Medidas como el reemplacamiento han despertado una intensa discusión en la vida pública y política en Michoacán. Algunas posturas que se han vertido son más electorales otras más técnicas.
En contraparte hay realidades también que, en esta coyuntura, son innegables y que no hay que perder de vista: la situación económica que enfrentan las familias de manera cotidiana.
Sin embargo, ¿desde cuándo se instauraron estas medidas que a nadie gustan?, ¿bajo qué argumentos se aplican?
Sin entrar al debate de los planteamientos políticos y electorales, que se alimentan más de la emoción social-coyuntural, ¿cuáles son los aspectos técnicos que están en la palestra? Vamos a los antecedentes.
Desde el 25 de septiembre del 2000, con el panista Vicente Fox en la presidencia de la República, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) emitió un acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, lineamientos que tuvieron puntualizaciones adicionales a partir de la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, que se publicó en el DOF el 24 de junio de 2016 con Enrique Peña Nieto al frente de la administración federal.
En el primero se establecieron una serie de lineamientos, características y especificaciones para las placas metálicas que se emiten en toda la República Mexicana, esto considerando que a la SCT corresponde “conducir las políticas y programas para el desarrollo del transporte y las comunicaciones de acuerdo a las necesidades del país, así como fijar las características y especificaciones de las placas, calcomanías y tarjetas de circulación de todos los vehículos automotores y remolques matriculados en el país y asignar la numeración que corresponda a cada entidad federativa”.
Dicho acuerdo establece que “a nivel nacional no se cuenta con un sistema de información que permita conocer el registro de altas, bajas y cambios de vehículos que se realizan por el Gobierno Federal y de las entidades federativas, por lo que no es posible detectar con facilidad la circulación de vehículos ilegales, robados, con placas falsificadas o sobrepuestas, motivo por el cual es necesario establecer plazos para efectuar los canjes de placas de los diferentes servicios de autotransporte, a fin de llevar una constante actualización y control a través de una base de datos a nivel federal y estatal que permita detectar dichas situaciones, así como coordinar las concesiones estatales y los permisos federales, combatir los ilícitos que ocurren en las carreteras y contribuir a reducir el índice nacional de accidentes”.
Además, “tomando en cuenta la consulta efectuada a los gobiernos estatales y la anuencia de la Subsecretaría de Ingresos de la SHCP de llevar a cabo el reemplacamiento cada dos años una vez concluido el plazo fijado para el canje total de placas”.
Adicional a esto, el acuerdo del 2000 establece en su artículo séptimo que la vigencia de las placas será de tres años y que los canjes se tendrán que dar de manera total cada trienio.
En tanto que la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, publicada ya con el priista Enrique Peña Nieto, se establece que “con el objeto de garantizar la actualización y control de los padrones vehiculares de las Entidades Federativas, de la Ciudad de México y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es indispensable contar con información confiable que coadyuve a mejorar la vigilancia e identificación de las placas metálicas y calcomanías que se utilicen en vehículos involucrados en delitos como: robos, secuestros, narcotráfico, y accidentes que provoquen pérdida de vidas humanas”.
Es decir, los lineamientos federales están y han prevalecido desde el 2000 a la fecha, pasando por las administraciones de distintos colores, y en función del papel que les toque jugar (oposición u oficialismo) asumen postura política, dejando de lado el aspecto técnico y normativo, con sus respectivas justificaciones, que fue diseñado desde hace ya varias administraciones.
El diseño que se planteó desde el gobierno del PAN y se afinó con la norma elaborada por el PRI, y que le toca aplicar ahora al gobierno emanado de Morena, puede tener aspectos excesivos, más si se toman en cuenta las realidades.
Por ello, ante la norma, y más aún, ante la realidad de las mexicanas y mexicanos, y con ello michoacanas y michoacanos, ¿qué tiene que hacer el estado? La disyuntiva no es menor.
Esta discusión se mezcla con otros elementos no menos importantes; uno de ellos, como se dijo, sí tiene que ver con la situación económica de las familias michoacanas; pero otras tienen que ver con el nivel de desconfianza y rechazo que han despertado y alimentado los mismos gobiernos respecto a cualquier medida que toman, esto en función de que no rinden cuentas, no se ven resultados en una mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos, no hay eficiencia en el gasto público, no ejercen los recursos públicos de manera transparente, han protagonizado desfalcos, fraudes y actos de corrupción escandalosos, lo que manda el mensaje de que sólo el ciudadano tiene que entender al gobierno en turno, pero no a la inversa.
Con todo esto, también hay prioridades que no pueden dejar de atenderse y para ello requieren atención del Estado, inversión productiva y demás, y esto requiere recursos que de algún lado tiene que llegar.
Es por ello que la discusión actual que se libra no es sencilla, pero se enturbia más cuando los argumentos que se esgrimen son más electoreros que posturas que lleven al análisis real de qué se tiene que hacer para salir de una crisis como la que se vive, sin dejar de lado la norma, pero sobre todo, sin sacrificar a los ciudadanos.
La ecuación es compleja, pero también pone a discusión otra serie de factores que por temor a los costos políticos tampoco las distintas posiciones políticas han querido abordar.
