Metapolítica
Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) buscará cerrar el año con un caso que implica a la exsecretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, con varios delitos relacionados con un desfalco superior a 185 millones de pesos erogados en 2016.
Un exfuncionario de la dependencia (Armando Saldaña Flores) ofreció testimonios y documentos para probar que Rosario Robles y su entonces oficial mayor, Emilio Zebadúa González, sabían de la falsificación de su firma en la operación por el mencionado monto, pero en vez de actuar en consecuencia, trataron de justificar la erogación ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante 2017.
Robles continúa bajo prisión preventiva en la cárcel de Santa Martha Acatitla para enfrentar el proceso por un delito de omisión, el consiste en no haber informado debidamente a su superior, es decir, al presidente Enrique Peña Nieto, sobre un esquema de triangulación de fondos que derivó en el desvío de 5 mil 73 millones de pesos durante su gestión.
Ese monto es es el resultado de 25 expedientes de auditoría por los que se abrieron numerosas carpetas de investigación, entre ellas, la relacionada con un convenio por los mencionados 185 millones de pesos, suscrito entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Universidad Politécnica Francisco I. Madero (UPFIM).
El Ministerio Público federal buscará cerrar 2021 dando cauce judicial y vinculando el desvío de los 185 millones de pesos que, mediante confesionales y documentales obtenidos recientemente, permitirán acreditar en el primer trimestre de 2022 nuevos delitos imputables a Robles y a Zebadúa, con el fin de integrar un caso por delincuencia organizada.
Según información de Proceso, la FGR ya tiene listo el que considera uno de los casos mejor documentados, vía las causas penales 443/2018 y 539/2021, relativos al desvío millonario mediante el convenio Sedatu-UPFIM.
Con información de Proceso
