Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Hace cuatro años, en 2017, el “Rancho La Nueva Gloria, S.A. de C.V”, a solicitud del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, destinó ejemplares de ganado para la mejora genética a través un contrato que estableció la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario (Sedrua) del gobierno del estado.
El monto del contrato ascendió a 40 millones 800 mil pesos, y fue por la proveeduría tanto en 2017 como en 2018. A cuatro años de distancia, estos recursos no fueron pagados al Rancho La Nueva Gloria, lo que le ha dejado en crisis, remarca el apoderado legal Roberto Raúl Saralegui Pérez, en la solicitud de juicio político que interpuso contra el exgobernador Silvano Aureoles, el exsecretario de Finanzas del estado, Carlos Maldonado Mendoza, y el extitular de la Sedrua, Rubén Medina Niño.
En el documento de solicitud, que fue ingresado al Congreso del Estado el 7 de diciembre pasado, se detalla el mecanismo en que le fueron contratados sus servicios, pero en ningún momento se le saldó lo que se le contrató, lo que derivó también en que se interpusieran denuncias de carácter penal en contra de los exfuncionarios referidos.
En los antecedentes, Roberto Saralegui refirió que el Rancho La Nueva Gloria es criadora de ganado de registro raza Brahmán, con antigüedad de más de 50 años en el mercado, y que el gobierno de Michoacán a través de la Sedrua “nos hizo la invitación a participar como proveedores de ganado de registro en el programa que operó” la misma dependencia.
Explica que el objetivo era que los productores pudieran acceder a la adquisición de mejor perfil genético mediante la selección de sementales de ganado bovino, caprino y ovino, lo que repercutiría en una mejora en la productividad y competitividad de sus hatos.
La solicitud de juicio político detalla que el monto total de incentivos a través del programa de Mejoramiento Genético y Repoblamiento Ganadero, asciende a 40 millones 800 mil pesos, y que mientras en 2017 y 2018 se trasladaron los ejemplares, el 8 de octubre de 2019 se entregó una solicitud al entonces delegado de Sedrua, Ulises Pineda García, para que se realizara el pago, a lo que ya no hubo respuesta, y sin pago, el rancho entró en crisis, abundó el apoderado legal del rancho.
Explicó también que otros funcionarios implicados fueron Baldemar Arroyo Souza, director de Ganadería del estado, quien se comprometió a entregar el pago desde mayo de 2017.
En 2018 se le entregó la cuenta al mismo exgobernador y a quien fuera titular de Sedrua, quienes “estando enterados de la situación, simplemente ya no contestaron las llamadas ni dieron opción de pago”, ante esto se interpuso un amparo, y el entonces secretario de Finanzas “mintió en su respuesta a la autoridad, pese a que sabía que tenía que pagar la deuda, y no lo hicieron”.
Roberto Saralegui informa en su solicitud que debido a la falta de pago, denunció penalmente a dichos exfuncionarios; sin embargo, refiere, “al acudir al Ministerio Público se nos dijo que no podían darle trámite, pues eran órdenes directas del gobernador en turno y que no nos metiéramos en problemas, por lo que a la fecha las carpetas de investigación no han tenido ningún avance, y ni siquiera se les ha citado a comparecer”.
Frente a la evidente falta de pago y de respuesta, con las denuncias penales interpuestas, pero también estancadas, fue que el afectado acudió ante el legislativo michoacano para presentar la solicitud, a la cual se le dio lectura durante la sesión del congreso celebrado este miércoles, y se turnó a las comisiones correspondientes para iniciar su correspondiente análisis.
