Héctor Tapia
Ok. La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) logró conservar la “autonomía” financiera para el Ejercicio Fiscal 2022, cuando menos así quedaría establecido en el Presupuesto de Egresos para el siguiente año.
Esto aparenta un eventual triunfo para el organismo fiscalizador del estado, pero hay que ver más allá de este simple reconocimiento presupuestal, y, por supuesto, lo que está en juego.
No sólo se trata de la no dependencia del ente fiscalizador hacia un poder como el Legislativo que está acostumbrado a manejar, según quien domine las finanzas del estado, el rumbo político de las posiciones en los organismos sujetos a designación por el Congreso, dinámica por la cual, por cierto, fue designado el actual titular de la ASM, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, por la anterior Legislatura local.
Sí, es cierto, no es deseable, y sería incluso reprochable, la injerencia del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en los organismos que por naturaleza deben ser autónomos. A nadie le conviene tener organismos a modo que no cuestionen y no vigilen el actuar de los gobiernos.
Pero justamente es esto lo que mantiene contra las cuerdas al actual auditor; no su postura hacia este gobierno que recién comienza, sino la duda razonable que despierta su ya multireferida cercanía con Silvano Aureoles Conejo, quien, por las características de la designación del auditor, es inevitable pensar que el ahora exmandatario buscó garantizar su blindaje poniendo a alguien que le pudiera cuidar las espaldas desde el organismo fiscalizador.
Es decir, no es el papel que podría realizar frente al actual gobierno, sino el papel que podría asumir frente a las investigaciones y sustanciaciones documentales sobre los sendos señalamientos de presuntos actos de corrupción que encabezó y protagonizó el gobierno estatal pasado, y que recaería en la responsabilidad del actual auditor investigar.
Hay elementos suficientes para dudar sobre la institucionalidad de las decisiones que tomaría el actual auditor frente a quien en su momento fue su jefe administrativo, tanto en Zitácuaro como en el mismo gobierno del estado, del cual fue delegado administrativo en la Secretaría de Finanzas, donde, por si fuera poco, se investigan contratos que cuestionan la honorabilidad del máximo fiscalizador del estado.
Es decir, y es entendible, hay un halo de duda en torno a si se atreverá a investigar realmente a quien fuera su jefe administrativo, y que al momento se le puede ver como jefe político, Silvano Aureoles.
A partir de esto también es entendible, pero no justificable, que se pretenda buscar la remoción del actual auditor; si se quiere obtener resultados en el combate a la corrupción, no tiene que haber conflicto de intereses de por medio por parte de quienes tienen la responsabilidad de investigar, fiscalizar y judicializar las carpetas que sean presentadas en su momento.
Pero entonces, ¿es conveniente un perfil tan cuestionado en un área tan importante como lo es la ASM? No, no lo es. Pero tampoco es conveniente la injerencia política del Ejecutivo ni del Legislativo.
La sociedad lo que quiere y exige, por justicia, es que cualquier acto de corrupción se castigue; está harta de que sólo haya señalamientos mediáticos de presuntas irregularidades, demanda resultados, y en esa ruta deberían operar las mismas instituciones.
Por ello, de haber señalamientos formales en contra del auditor local, deberán ser puestos en denuncias correspondientes ante las mismas instituciones, para que se inicien las investigaciones necesarias.
Sin embargo, esto también debe llevar al actual auditor a reflexionar si debe separarse de manera voluntaria de su cargo para no dañar la credibilidad de la institución que encabeza.
Lo cierto es que se advierte una escalada de señalamientos, a la par del incremento de la presión y exigencia social de resultados en el castigo a quienes hayan incurrido en actos de corrupción y, cuando menos los inmediatos, están ligados al máximo fiscalizador del estado.
