Oscar Guerrero / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El gobierno de Silvano Aureoles Conejo no comprobó el uso que se le dio a una bolsa de 13 millones 304 mil 677 pesos destinada a la entrega de apoyos en especie para municipios y comunidades afectadas por contingencias, reveló un informe generado por la Secretaría de Contraloría del Estado (Secoem), constituido por 11 observaciones.
Las observaciones de la Contraloría de Michoacán se emitieron durante el ejercicio fiscal de 2017, cuando la ya extinta Secretaría de Desarrollo Social y Humano estuvo a cargo de la exdiputada local, Miriam Tinoco Soto, quien, durante su paso por la dependencia, incidió en irregularidades que van desde la no comprobación de recursos destinados a la atención contingencias, hasta la duplicidad de beneficiarios que en teoría recibieron apoyos de carácter social por parte de la administración silvanista.
La Contraloría de Michoacán exhibió que la Secretaría de Desarrollo Social ni siquiera conformó un padrón de beneficiarios para transparentar el recurso orientado a los apoyos entregados, que no fueron más allá de la entrega de láminas, cobijas y colchonetas.
Por si fuera poco, las observaciones de la Contraloría revelaron que “derivado de la revisión a la muestra tomada de los expedientes de los beneficiarios del programa, se verificó que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano duplicó la entrega de apoyos de láminas a beneficiarios de los municipios de Nahuatzen, Pátzcuaro y Timbiscatío”.
En la observación número siete de la Contraloría se exhibió que la ya extinta dependencia estatal invirtió 8 millones 885 mil 600 pesos en la entrega de láminas y cobijas para 60 municipios en contingencia, sin haber comprobado cuál fue la contingencia que se atendió.
La Secoem también detectó que el gobierno de Silvano Aureoles no justificó el destino de 2 millones 760 mil 289 pesos, presuntamente orientados al apoyo de municipios afectados por contingencias.
Del mismo modo se observaron irregularidades por un millón 658 mil 788 pesos invertidos en la entrega de apoyos sociales, sin que se precisara quiénes ni cuántos ciudadanos se vieron beneficiados.
Ante este escenario, la Contraloría de Michoacán continúa con el análisis de las inconsistencias administrativas y posibles actos de corrupción que se cometieron durante la pasada administración estatal en programas sociales y diferentes acciones ejecutadas en el sexenio anterior.
