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El Ejecutivo estatal ha demorado en lanzar la convocatoria para la titularidad del CEEAV, acusa Julieta Gallardo

Redacción

Morelia, Michoacán.- Desde el Poder Legislativo velaremos por una designación imparcial y con base a perfiles en la titularidad de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), subrayó la diputada presidenta de la Comisión Especial de Investigación y Combate a la Desaparición Forzada de Personas y los Desplazamientos Forzados de la 75 Legislatura del Congreso de Michoacán, Julieta Gallardo Mora.

En su mensaje, dijo lamentar que el Ejecutivo estatal haya demorado en emitir la convocatoria, ya que el periodo de quien se desempeñaba como comisionada de la CEEAV venció en diciembre de 2021.

“El tema de la atención a las víctimas del delito en Michoacán no es un asunto menor, y resulta muy mal mensaje el que se les ha dado al retrasar tanto tiempo el proceso de definición del comisionado”, dijo.

La diputada por el Distrito de Puruándiro dijo que la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública del Inegi refiere que en el 19.7% de los hogares en Michoacán hay al menos una víctima de delito.

Agregó que la estadística señala que la tasa de víctimas por cada cien mil habitantes en Michoacán, es de 16 mil 499 hombres, y 15 mil 780 mujeres, lo que resulta una cifra alarmante.

“Por ello es de suma importancia que desde el Congreso del Estado apuntalemos para fortalecer a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, velando para que quien la encabece sea una persona con el perfil adecuado y una trayectoria reconocida, no podemos permitir que criterios políticos atenten contra los derechos de las víctimas”, afirmó.

La diputada integrante de la Representación Parlamentaria recordó que el primer paso para la designación del nuevo titular de la CEEAV correspondía al Ejecutivo del Estado con la emisión de la convocatoria respectiva, a partir de la cual deberá formular una propuesta que sea dictaminada por la Comisión de Justicia del Congreso, para que la decisión final recaiga en el Pleno Legislativo.




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