“La corrupción es un mal inherente a todo gobierno que no está controlado por la opinión pública”.
Ludwig von Mises
Juan José Tena
Ayer, 27 de enero de 2022, se realizó la primera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Entre los puntos del orden del día destacaron los informes sobre las recomendaciones que han emitido a diversas autoridades del país, el informe anual 2021 y la aprobación del Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción.
El próximo mayo el Sistema Nacional Anticorrupción cumplirá seis años de su nacimiento y resultaba un excelente momento para realizar una evaluación integral de los logros obtenidos en el combate a la corrupción.
La sesión se enmarca en el trascendido de que el Presidente de la República enviará una iniciativa de reforma para desaparecer 16 órganos descentralizados y desconcentrados y sean adscritos a diversas entidades de Gobierno; entre ellas se considera que desaparezca la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), lo que representaría un impacto directo a la línea de flotación de todo el Sistema.
Con esta amenaza en puerta, uno pensaría que el Comité Coordinador y la propia Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción harían todo su esfuerzo por demostrar su valía y resaltar sus logros; sin embargo, ocurrió todo lo contrario en la sesión ordinaria, pareciera que más bien buscan justificar el replanteamiento que desde la Presidencia se hace para eliminar el modelo de combate a la corrupción en nuestro país.
En el quinto punto del orden del día se abordó el informe de seguimiento a la Recomendación dirigida a los Poderes Ejecutivos y Legislativos de las entidades federativas, relacionada con la importancia de impulsar mecanismos de transparencia en la selección de jueces y magistrados. Al respecto la recomendación se emitió como parte del Informe Anual del 2017 del Comité Coordinador, tres años después solo 16 autoridades de las 64 que fueron recomendadas aceptaron la recomendación, es decir, el 25%, y el 21% ni siquiera contestó.
Ante el evidente desprecio de la mayoría de entidades federativas a las recomendaciones para el combate a la corrupción, los integrantes del Comité Coordinador se limitaron a solicitar un análisis de la eficiencia de las recomendaciones, cuando para cualquier persona con dos dedos de frente resulta evidente la falta de impacto e incidencia de las mismas, más aún el silencio de todos ante la indiferencia que tienen otros poderes de sus recomendaciones y, en especial, de la presidencia del Comité Coordinador, quien a la vez representa al Comité de Participación Ciudadana, resulta sorprendente.
En el diverso punto del orden del día, a sabiendas de la total inacción y vilipendio que tienen sus recomendaciones, se impulsó un reiteramiento para instar a los Sistemas Locales Anticorrupción, a los organismos constitucionales autónomos, al Congreso de la Unión y al Poder Judicial de la Federación se interconecten con la Plataforma Digital Nacional, cuando es una obligación de todas las autoridades del estado mexicano hacerlo. Asombra incluso la expresión de la Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia al aseverar que “esta recomendación que habrá de representar una excelente medida para que los sistemas electrónicos de todo el país de todos los sistemas locales anticorrupción y desde luego de los organismos constitucionales autónomos se uniformen”, cuando todos los datos que ellos mismos informan hacen evidente la ineficacia del instrumento. En pocas palabras no los atienden, y peor aún no hay consecuencias cuando no los atienden.
Si lo anterior no fuera suficiente para replantear la labor de todo el Sistema Nacional Anticorrupción, en su informe anual 2021 destacaron los $224 mil pesos (doscientos veinticuatro mil pesos) recuperados en todo un año por indemnizaciones de actos de corrupción sancionados, derrumbando el mantra de esta administración de “devolverle al pueblo lo robado”.
La simplicidad con que sin mayor discusión se aprobó cada uno de los temas de la sesión demuestra una eficiente operación política, pero en estos tiempos preocupa que ni el Poder Judicial de la Federación, el INAI, la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía Anticorrupción, la Auditoría Superior de la Federación y el propio Comité de Participación Ciudadana tengan una sola critica pública a los resultados del informe de labores o los efectos de las recomendaciones; el silencio ante estas circunstancias también representa complicidad con la mediocridad del Sistema.
Ante este panorama hay un punto rescatable, el trabajo técnico, profesional y especializado que realiza la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, un grupo de servidores públicos imparciales que han impulsado los insumos técnicos para la discusión del fenómeno de la corrupción, y que en esta sesión presentaron el Programa de Implementación de la Política Nacional Anticorrupción, que es la hoja de ruta, con líneas de acción e indicadores claros para dar seguimiento y evaluación de las prioridades de las políticas públicas.
Luego, parece incongruente que el mejor eslabón del Sistema Anticorrupción es aquel que se busca desaparecer, deberíamos empezar por replantear la conformación y atribuciones del Comité Coordinador, el papel del Comité de Participación Ciudadana, el perfil y el proceso de selección de sus integrantes, o incluso si no fuese mejor en repensar en la creación de una sola autoridad nacional anticorrupción eliminando el actual Sistema; pero como dicen: en política no hay coincidencias, así que se queden los que no dan resultados y se cambien los que trabajan.
