Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Actualmente, 23 instituciones públicas han emitido sus convocatorias para la conformación de sus correspondientes Observatorios Ciudadanos, que son organismos de participación ciudadana para vigilar y observar la actuación de las mismas instituciones.
Estas 23 instituciones que han notificado al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sus convocatorias, representan aproximadamente la sexta parte de las instituciones que deberían contar con un Observatorio.
A decir del consejero electoral, son 121 las instituciones locales las que están obligadas a convocar a conformar sus correspondientes Observatorios Ciudadanos.
La normativa establece que los mecanismos de participación ciudadana, entre ellas los Observatorios Ciudadanos, no pueden renovarse durante un proceso electoral, y este concluyó formalmente en noviembre de 2021.
“Este mecanismo es uno de los elementos que la hacen de vanguardia y Michoacán es de los pocos estados que lo tienen contemplados en su ley”, explicó en entrevista.
Una vez concluido el proceso electoral, dijo, se giraron los oficios correspondientes a los entes obligados para que retomaran la organización de los mismos, y con esto reforzar y promover la participación ciudadana.
Detalló que se tienen seis meses para que los entes obligados notifiquen al IEM que se emitieron las correspondientes convocatorias, por lo que todavía se está en la ruta de definición de conocer cuántos iniciaron con este proceso.
“El Observatorio es el puente de las instituciones con la ciudadanía, a través de ser un mecanismo que permite la observación del ejercicio público”, enfatizó Luis Ignacio Peña.
Además de los Ayuntamientos, el Ejecutivo, el Legislativo, el Tribunal de Justicia Administrativa, el mismo IEM y el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán están obligados a convocar a la ciudadanía para que participen en conformar estos Observatorios.
Ante esto, dijo esperar que la ciudadanía se involucre y participe en los mecanismos, los cuales, reiteró, sirven para que los ciudadanos tomen participación activa en la vigilancia de la toma de decisiones de las autoridades.