Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- A nivel nacional, el Consejo Implementador de la nueva Ley de Justicia Laboral pidió al Congreso de la Unión una prórroga para la puesta en marcha de este nuevo Sistema de Justicia Laboral en todo el país.
Aun con esta solicitud de prórroga, en Michoacán ya se ha avanzado y se han hecho las actividades necesarias para iniciar el 1 de mayo, de acuerdo con lo que está establecido.
Así lo dieron a conocer tanto Juan Pablo Puebla Arévalo, subsecretario de Asuntos Laborales de la Secretaría de Gobierno de Michoacán; el magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Héctor Octavio Morales Juárez, y Roberto Reyes Cosari, diputado presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso de Michoacán.
Ante los medios de comunicación fueron detallando los avances para afrontar en Michoacán este cambio en el Sistema de Justicia Laboral que pasará, principalmente, del Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, aunque la parte de la conciliación seguirá estando en manos del Ejecutivo.
En este contexto, Héctor Octavio Morales dijo que dentro de los avances está el que se hayan dado las reformas necesarias solucionar los conflictos jurídicos entre la parte patronal y los trabajadores, a través de este nuevo Sistema de Justicia Laboral.
“Hemos caminado de la mano para poder implementar la justicia laboral en Michoacán”, remarcó, y dijo que en este proceso se encontró la disposición en el Legislativo para las reformas necesarias, y del Ejecutivo el apoyo para implementar el nuevo Sistema de Justicia Laboral.
Para el arranque de la implementación de este nuevo Sistema de Justicia Laboral se acordó entre los Tres Poderes del Estado que se comenzará con tres regiones donde se instalarán juzgados laborales: Morelia, Uruapan y Zamora. Estas tres atenderán los 23 distritos judiciales en que está dividido el estado.
“Es una distribución que se establece atendiendo a las estadísticas existentes. Ningún municipio se quedará fuera de la impartición de justicia laboral”, remarcó el magistrado presidente.
Por su parte, Juan Pablo Puebla Arevalo dijo que desde el año pasado se iniciaron con los trabajos de coordinación entre los poderes, y que “los avances han sido positivos”. “Ya se tiene el marco normativo”, dijo, y se está en condiciones de entrar en vigor a partir del 1 de mayo.
Fue aquí cuando dijo que el Consejo Implementador pidió una prórroga para que entrara en vigor el 3 de octubre, pero no ha habido respuesta por parte del Congreso de la Unión, aunque se prevé que se pueda dar a finales de este mes e inicios de marzo.
“Nosotros vemos que la continuación en esta etapa de instalación es fundamental para obtener los subsidios federales”, para lo cual, dijo, se está armando la correspondiente carpeta con el fin de acceder a los 43 millones de pesos de subsidio bipartita (gobierno estatal y Poder Judicial aportarán 50% cada uno).
Por su parte, Roberto Reyes Cosari dijo que “una preocupación del Legislativo es lograr la mayor difusión posible de los alcances”, por lo que se están organizando cinco foros en el estado, en los que participarán ponentes del Poder Judicial y también del Consejo Implementador para abordar todas las dudas y pormenores que tiene este nuevo Sistema de Justicia Laboral.
