Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El Gobierno de Michoacán fue tajante: ni habrá negociaciones por debajo de la mesa, ni se solaparán ni avalarán actos de corrupción como se venía realizando en el periodo de gobierno pasado.
Esto lo dijeron tanto el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla como la secretaria de Educación en el Estado, Yarabí Ávila González, y refirieron que producto de que se cerró la llave a la corrupción es que diversos actores, tanto sindicales como exfuncionarios del gobierno pasado, han visto lastimados sus intereses y que de ahí las protestas que se han desatado recientemente.
Ante esto, refirieron que se tienen ya bases documentales para sustentar esto, y que se siguen las correspondientes investigaciones para interponer, las correspondientes denuncias; es decir, remarcaron, el Gobierno de Michoacán va por la recuperación de la rectoría de la educación.
Al respecto, la secretaria de Educación en el Estado, Yarabí Ávila, dijo que se recibió una dependencia con muchos conflictos; sin embargo, se apresuró a remarcar que no habrá negociaciones por debajo de la mesa y nada está a negociación que afecte a la educación. “Se cerró la llave a la venta de plazas y estamos integrando los expedientes para la venta de plazas”, enfatizó.
De esta forma, adelantó que en diversos actos ligados a corrupción están ligados e inmiscuidos tanto figuras sindicales como exfuncionarios de gobierno; se está trabajando para identificar plenamente “quienes están inmiscuidos” en estas prácticas.
“A los exfuncionarios advertimos estamos localizando la información para que saquen la mano del sector educativo”, advirtió la secretaria estatal, y remarcó que a la actual administración no le temblará la mano para afrontar este tema.
“Les ofrecemos diálogo a la CNTE, estableciendo agendas claras, que no se pongan en la mesa aspectos que no están a negociación”, planteando aspectos que están dentro y no fuera de la ley, enfatizó.
Refirió que en la más reciente asignación de plazas que se hizo, conforme a la norma y la convocatoria, de manera adicional el sindicato exigía “más de mil 600 plazas, cada una hasta en 300 mil pesos”.
“Estamos recopilando expedientes, y estamos realizando las acciones para tener el control interno, para que los procesos sean más justos incluso para los maestros”, explicó Yarabí Ávila, y dijo además que este tipo de medidas son las que están generando descontento tanto en líderes sindicales como en exfuncionarios del gobierno estatal.
“Hay quienes se oponen a la federalización definitiva de la nomina educativa porque no conviene a muchos”, refirió, y enfatizó que el gobierno del estado no cederá a chantajes, aspecto que se debe tener en cuenta “a la hora de las mesas de trabajo, no de negociación”.
“Los salarios y prestaciones son su derecho y esto está garantizado, a menos de que se tomen las instalaciones”, que es cuando se complica el pago de la nómina que se realiza a través de cheques.
Asimismo, refirió que “los que protestan (actualmente) no son maestros, son egresados de normales que se mueven con representaciones sindicales bajo la promesa de plazas automáticas sin ningún tipo de documentación; nosotros no podemos asignar plazas” fuera de la norma, remarcó.
En el planteamiento hecho por la fracción magisterial que tiene bloqueado el centro histórico, sus peticiones ascienden económicamente a 257 millones de pesos, “que no tenemos, y que no hay respaldo documental”.
Por ello, insistió, “son peticiones fuera de la norma y son corrupción, y de tener ese dinero estaríamos en un error porque tendríamos observaciones”.
Al detallar, la secretaria de Educación en el Estado dijo que de este monto, 75 millones de pesos son para eventuales; 109 millones de pesos para programas alternativos que no se ajustan a los programas nacionales, y en homologados no transferidos pretenden un pago de entre 73 millones de pesos y 180 millones de pesos por años anteriores.
Por ello, insistió la secretaria estatal, que las plazas se otorgarán sólo y exclusivamente bajo una convocatoria.
Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla dijo que a partir de todos elementos es que se ve que es anormal todas las manifestaciones que se han venido dando. “Nos pusimos a investigar, sobre todo porque se hizo un gran esfuerzo, para pagar adeudos. Logramos un presupuesto que garantiza plenamente su salario, bonos y prestaciones”, dijo.
El gobernador remarcó que “nuestro gobierno es defensor absoluto de sus derechos; hay funcionarios del Gobierno anterior que metieron y están metiendo las manos, les pedimos que las saquen”.
De esta forma, estimó que son alrededor de 500 millones de pesos los que se iban en el área de Educación en aspectos ligados a la corrupción de tráfico de plazas, en eventuales, porque “así se acostumbraba”.
“Los que hicieron esos tratos no los hicieron con nosotros, esos están en otro lado”, enfatizó.
Al cuestionársele sobre si sostendría esta postura “tope donde tope”, el gobernador dijo que “no es un tema de retos, prepotencia, cerrazón; diálogo hay, y este es para llegar a acuerdos, pero estos no pueden estar fuera de la norma, no podemos perder lo más por lo menos”.
Alfredo Ramírez dijo que “hay diálogo con ambos grupos, hay una propuesta y es para todo el sector: una mesa tripartita. Para solucionar lo que tenga solución”, pero no para convalidar actos de corrupción.
