Héctor Tapia / Metapolítica
Michoacán está inmerso en una vorágine de violencia que ha recrudecido sus efectos y consecuencias en los últimos meses.
Todos los días se da cuenta de homicidios, sin que haya una luz al final del túnel que permita vislumbrar cuándo se detendrá la permanente masacre, principalmente entre civiles, que actúan en su mayoría al margen de la ley, pero al fin civiles.
No actúan por defender una nación; la razón es más compleja y simple a la vez: es el control de las actividades ilícitas, el poder y el dinero que conlleva.
Es preocupante e indignante los alcances que ha tenido, cierto, pero llevar el argumento al ridículo o absurdo de comparar con lo que sucede en el proceso de ocupación que tiene Rusia sobre Ucrania, es no entender lo que sucede en México y en Michoacán.
También, el llevar al argumento absurdo de que todos estos asesinatos violentos, ligados en su gran mayoría a la delincuencia organizada, son responsabilidad de un gobierno.
Ha quedado demostrado que no es con más elementos como se puede frenar esta ola de violencia y asesinatos.
¿Acaso es necesario tener un elemento de las Fuerzas Armadas detrás de cada persona para cuidarle las espaldas? ¿Es con filtros de seguridad, con patrullajes como se revertirán los homicidios?
Es dolorosísimo lo que sucede todos los días en México y en Michoacán. Las cifras de homicidios son cada vez más alarmantes. Lejos de disminuir, estos incrementan paulatinamente, sin nada que los frene.
Frente a esto no hay, ni habrá, gobierno que alcance, para garantizar la tranquilidad y la seguridad si no hay una sociedad que asuma la paz y la legalidad como forma de vida.
Entre más rápido entendamos esto y dejemos de responsabilizar de todo a los gobiernos y gobernantes, entonces podremos revertir poco a poco la cultura de la violencia que nos viene devorando de forma acelerada, y que está consumiendo y seduciendo a nuestros jóvenes con espejismos.
El Estado tiene una serie de responsabilidades que no han sido asumidas a cabalidad. Les ha sido complicado entender la actualidad y el cómo articular acciones que vayan en función de revertir esta sangrienta vorágine. Las instituciones tienen décadas rebasadas.
Adicional, también se puede afirmar que no sólo son falta de oportunidades las que han llevado a los jóvenes, principalmente, a inmiscuirse en actividades ilícitas, aceptando los riesgos que implican, si no también a poblaciones enteras a someterse voluntariamente, ya sea por dinero, o a la fuerza, por la ausencia histórica de la misma autoridad donde el único poderío se lo han conferido a quienes han reemplazado a las mismas instituciones.
Es fácil caer en la tentación, siguiendo la tradición, de culpar a unos sin asumir la propia responsabilidad. “Con los gobiernos de…” es lo más bajo en lo que han incurrido algunos, en lugar de asumir la responsabilidad histórica propia.
Es aún más mezquino querer aprovechar políticamente tanto para denostar a unos y aplaudir a otros, sin reflejar voluntad de construir soluciones conjuntas.
Banalizar la discusión y análisis de este fenómeno tan complejo y lamentable como es la violencia criminal sólo lleva a perder de vista el centro de la misma: el Estado no debe renunciar a sus responsabilidades, y la sociedad debe exigirle el cumplimiento de las mismas; pero, a manera de obligado y necesario complemento, resulta imperativo que la sociedad también abrace un compromiso profundo con la legalidad y la cultura de la paz, si realmente quiere revertir los escenarios distópicos que se replican cada vez con mayor frecuencia.
Ante el rebase de las instituciones, si la misma sociedad no asume este último compromiso, y por el contrario sigue alimentando, con su beneplácito, complicidad o incluso con el temor, ese monstruo, lejos de disminuir o aminorarse la violencia, no habrá fin cercano.
