Juan Adolfo Montiel H.
El próximo domingo 10 de abril, gracias al Instituto Nacional Electoral se llevará acabo la consulta ciudadana de la revocación de mandato, primer ejercicio de participación ciudadana en México; podremos acudir a manifestarnos para revocar el mandato del Presidente de México por perdida de la confianza, o por la ratificación para que concluya su mandato, es decir, hasta el 30 de octubre de 2024.
Lo anterior, por las modificaciones realizadas a nuestra constitución y la aprobación de la Ley Federal de Revocación de Mandato en septiembre de 2021, es decir, fue aprobada por las actuales legislaturas de la Cámara de Diputados y Senadores.
Sin embargo, las reglas aprobadas para este ejercicio han generado varias pugnas, por ejemplo, las denuncias por la violación a la veda electoral por parte de servidores y servidoras públicas. En concreto, las denuncias se han dado por la difusión de propaganda en periodo prohibido, la respuesta de las autoridades electorales ha consistido en ordenar la suspensión o el retiro de la propaganda denunciada como medida cautelar y el descontento ante esto ha llevado a algunos de los denunciados a buscar la manera de esquivar las restricciones.
El artículo 33 de la Ley Federal de Revocación de Mandato señala que, desde la emisión de la convocatoria y hasta la conclusión de la jornada de votación, deberá suspenderse la difusión en los medios de comunicación de toda propaganda gubernamental de cualquier orden de gobierno. La restricción tiene como fin evitar que los entes públicos puedan influir en las preferencias de los ciudadanos, ya sea en pro o en contra, atendiendo los principios de equidad e imparcialidad que rigen en una contienda electoral, durante los 65 días previos a la consulta de la revocación de mandato.
De acuerdo con los criterios adoptados por el Tribunal Electoral –desde la reforma electoral de 2007 que incluyó la suspensión de la propaganda electoral en las normas electorales–, la propaganda gubernamental es la difundida por los poderes Federales, estatales y municipales, el conjunto de actos, escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que llevan a cabo los servidores o entidades públicas que tengan como finalidad difundir para el conocimientos de la ciudadanía la existencia de logros, programas, acciones, obras o medidas de gobierno para conseguir su aceptación. Dicho criterio fue el cimiento de la nueva forma de hacer campaña, la cual consiste en evitar, hasta el máximo posible, el uso de recursos públicos para favorecer a determinada propuesta electoral.
Por ello, la mencionada suspensión tiene un doble propósito: a) evitar que los gobiernos beneficien a determinado partido o candidato a través de la difusión de sus logros, y b) evitar que los recursos públicos provenientes del gasto en comunicación social se apliquen, precisamente, para favorecer a un instituto político o personaje.
Si bien es cierto que se trata de un periodo de veda excesivamente largo, pero fueron los propios legisladores de Morena quienes aprobaron las disposiciones legales que hoy les impiden difundir propaganda durante los 65 días previos a la jornada de revocación.
La veda electoral tiene la función de proporcionar a la ciudadanía un espacio para que en libertad y sin ruido mediático pueda reflexionar su decisión. Sin embargo, de nada sirve si quienes están obligados a cumplirla buscan en todo momento la manera de violarla.
En suma, hay una gran lección para las y los legisladores, necesitamos cuerpos normativos más actuales, que logren equilibrar la participación de actores políticos y ciudadanía pero que sean conscientes también de la realidad y las necesidades sociales; mientras tanto, servidores y servidoras públicas deben respetar las leyes que ellos mismos, representados por sus partidos políticos, aprobaron.
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