Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Desde la creación de un mecanismo de protección expedito hasta la imprescriptibilidad de los delitos cometidos contra los periodistas son parte de los aspectos que concentra la reforma integral en la materia que se presentó este viernes ante el Congreso del Estado.
Esta es una iniciativa con proyecto de decreto por medio del cual se busca reformar la Ley de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, la cual no se ha armonizado en Michoacán desde que fue creada a nivel nacional.
Quienes presentaron esta iniciativa de decreto son los diputados Juan Carlos Barragán Vélez, Julieta García Zepeda y Eréndira Isauro Hernández.
El paquete de reformas planteadas contempla siete modificaciones y adecuaciones a la norma correspondiente.
“Actualmente, nuestras leyes aún no han sido armonizadas con las disposiciones internacionales, lo cual ha provocado que se encuentren rebasadas por el severo problema de seguridad que enfrentan los periodistas en el país y en nuestro estado”, explicó Barragán Vélez.
El legislador refirió que la propuesta planteada “no está cerrada al análisis y a sumar a las y los trabajadores de los medios de comunicación, porque son ellas y ellos quienes conocen a fondo su trabajo y los riesgos que enfrentan todos los días”.
Los siete rubros planteados a reformar van enfocados a la prevención, protección y la procuración de justicia para quienes se dedican a esta profesión en Michoacán.
El primer punto es que se debe establecer dentro del artículo 8.o de la Constitución Política del Estado, la obligación por parte de las autoridades de adoptar un discurso público que contribuya a prevenir la violencia contra periodistas y repudiar de manera inequívoca los ataques contra quienes ejercen el periodismo.
Como segundo punto establece el respeto a la reserva de las fuentes de información, apuntes y archivos personales y profesionales que sean propiedad de periodistas, ya que “la revelación de la identidad de la fuente muchas veces pone en riesgo su subsistencia y disponibilidad”.
Además, establece la instrucción a las fuerzas de seguridad sobre el respeto hacia los periodistas, ya que “son los principales actores que deben proteger a los periodistas contra los ataques de quienes buscan impedir que informen al público”, por lo que deben garantizar que los periodistas puedan acceder a áreas e información sobre asuntos de interés público.
La reforma también contempla la producción de datos de calidad sobre la violencia contra periodistas “con el objeto de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas efectivas que prevengan la violencia” contra este sector.
Asimismo, destaca la adopción del principio de imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad de expresión y despenalizar el delito de ataques al honor cometido por periodistas.
“Es importante que no desaparezca por el transcurso del tiempo la posibilidad de meter a la cárcel a los criminales que atentan contra el derecho a la libertad de expresión, y además, es imprescindible despenalizar los llamados delitos de prensa, con la finalidad de que los periodistas no tengan el temor de ser censurados a través de procesos penales que podrían representar gastos cuantiosos para ellos, y en el peor de los casos, ser privados de su libertad”, remarcó Barragán Vélez.
También contempla el establecimiento de un mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de manera eficiente, expedito y sin tanta burocracia.
“Se deben implementar medidas urgentes de protección, que se adopten en determinadas situaciones y de manera inmediata a fin de resguardar la vida, la integridad y la libertad de quienes ejercen el periodismo”, enfatizó.
