“Se necesita valor para levantarse y hablar, pero se necesita más para sentarse y escuchar”.
—Winston Churchill
Por Rosmi Bonilla
La simulación es la gran trampa en las políticas públicas, y los mecanismos de participación ciudadana —formales o no— no se escapan de pretender que, mediante la convocatoria a sociedad civil, se legitime una decisión ya pretomada.
Durante poco más de seis semanas, el Congreso de la Unión fingió escuchar y analizar las propuestas de expertos, cámaras y actores involucrados en la reforma energética que, al final, no sufrió una sola modificación en la propuesta enviada por el Presidente de la República.
¿Para qué, entonces, movilizar a tantos actores? Para legitimar, con su sola presencia, una reforma a todas luces contraria, en muchos aspectos, a la opinión general.
Durante este ejercicio de “parlamento abierto” (entre comillas porque no cumplía con los indicadores propuestos por la Alianza para el Parlamento Abierto) hubo desánimo de las organizaciones de sociedad civil convocadas, hubo momentos en los que, incluso, se cambiaron horarios y modalidades de las ponencias que impedían la participación de la sociedad civil y hubo exposiciones y discusiones desatendidas por los propios legisladores.
Cada vez es más frecuente que, ante la presión de la sociedad, las autoridades simulen apertura a los mecanismos de participación ciudadana haciendo un gasto, cuando menos, de recursos materiales, técnicos y humanos, pero sin resultados, sin involucrar verdaderamente a los actores en la toma de decisiones públicas.
Esta opinión no abordará el resultado de la Reforma Energética propuesta, sino el mecanismo que pretendió legitimarla desde la sociedad civil sin lograrlo.
A prácticamente mes y medio de este ejercicio, los resultados son inexistentes; es decir, el material, las relatorías, las conclusiones se encuentran expuestas en el Libro Blanco, pero en esencia, la Reforma se planteó tal cual venía propuesta por el Ejecutivo.
Ello generó un intenso debate entre las fuerzas políticas del país que, incluso, llegaron a una Acción de Inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, pero como una simple y ordinaria medición de fuerzas entre partidos en la que, nuevamente, la ciudadanía, sus opiniones, posturas y —sobre todo— el bien común quedaron fuera.
Infructuosa la convocatoria a la Sociedad Civil porque no se le toma verdaderamente en cuenta. Así, en esa misma tónica, transitan Foros para Planes de Desarrollo nacionales, estatales y municipales. Así, convocatorias a foros para presentar iniciativas ciudadanas. Así, las convocatorias a Consultas y Asambleas que sólo sirven para cumplir un requisito, pero no para el fin para el cual fueron creados: involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones públicas.
Autoridades y ciudadanos nos debemos mucho todavía en términos reales de participación ciudadana efectiva y vinculante.
Las opiniones emitidas por los colaboradores de Metapolítica son responsabilidad de quien las escribe y no representan una posición editorial de este medio.
