Jesús Reyna García
Nuestro estado enfrenta problemas difíciles y graves que, en parte, inmovilizan el actuar del Gobierno estatal, o bien, le muestra ineficiente o deficiente en el cumplimiento de su responsabilidad frente a la sociedad. Identifico —por materia— tres principales problemas: el del área de educación, el financiero y el de seguridad pública. Hay otros al igual importantes, como la pobreza, el desarrollo, el desempleo, la desigualdad, la corrupción, etc.; esta vez, por su impacto objetivo, me referiré a los tres que destaqué.
Cada vez que hay un cambio en el Ejecutivo renace la esperanza de superar problemas, y el reclamo social pide que los resultados sean inmediatos. Ciertamente así se necesita, pero tal vez la circunstancia no lo permita.
Creo que es una obligación ineludible de la administración que llega hacer un análisis objetivo, un diagnóstico completo y profundo. A partir de este, proponer acciones, objetivos y metas; esto es, un plan estructurado y completo para atacar cada uno de los problemas. Estoy cierto que algunos requieren de una participación lo más amplia y activa posible de la sociedad, para mejorar resultados y reducir tiempos. Es posible que la falta de información suficiente y precisa, motiva un reclamo social más airado y genera una inculpación desacertada. Hay que decir y poner las cosas como son, llamarlas por su nombre, por más repugnante que resulte. No pretender, con información vacía, generar tranquilidad o la idea de que se tienen logros. Por eso debe difundirse toda la información, la máxima posible, pues es de entender que alguna no puede ser del conocimiento público, por afectar derechos de personas o la propia estrategia que en algunos casos o momentos requieren de sigilo. Que se sepa lo más posible, para que la expresión personal de los ciudadanos, que se traduce en el humor social, sea lo más acertada.
La participación social es necesaria, pero esta no puede darse en el vacío ni a ciegas, debe sustentarse, orientarse y motivarse para que cada uno de los ciudadanos podamos aportar algo que sea útil. Una participación social no puede darse sin motivación, como tampoco resulta conveniente que se dé a partir de impulsos sociales, pues se corre el riesgo de que incluso colisionara con la estrategia gubernamental.
Necesitamos al Gobierno al frente, enarbolando la bandera del reclamo social; una bandera en que se dibuje con precisión la estrategia, objetivos y que señale en qué, y cómo puede participar la sociedad, que marque tiempos para su evaluación. Todo esto debe ser conocido oportuna y puntualmente por la ciudadanía.
El reclamo de profesores y normalistas nos parecen excedidos, quizá lo sean, pero la mayoría de los ciudadanos no saben ni lo elemental del porqué de su activismo, los antecedentes, lo justo o excedido de sus peticiones. Muchos creen que son problemas de la actual administración y no es así. El problema magisterial viene de mucho antes, desde 1990, en ese año se dio la primera detención y encarcelamiento de profesores; desde entonces, año con año se vinieron firmando acuerdos entre el Gobierno de Michoacán y el movimiento magisterial, dando concesiones adicionales a lo que acordaba la SEP con el Sindicato (SNTE), esto por lo menos hasta el año 2016. Por eso, desde mi punto de vista, el pago de la nómina no es el problema, realmente lo es el pago de todas las “prestaciones excedentes” que se han convenido. Esto se generó y agudizó por una mal realizada “federalización”, que transfirió a los estados responsabilidades, pero no presupuesto suficiente, y además, dejó con vigencia un Sindicato Nacional.
Año con año, el problema se ha venido incrementando y complicando, encareciendo en todos los sentidos su solución. Por otra parte, ahora hay un factor que incide a favor del Gobierno, lo disminuida que está la disidencia magisterial
En lo que ve a los normalistas, es un problema de explicación sencilla, egresan de las escuelas normales, profesores que el sistema educativo en Michoacán ya no necesita; ellos reclaman que se les contrate aun cuando no se ocupen. Este problema tiene diversas alternativas de solución, pero debe participar conjuntamente el Gobierno Federal y el Estatal, con la misma orientación y determinación. Me consta que algunas veces fue la decisión del Gobierno Federal, la que evitó “encaminar” a una solución definitiva. No conozco la postura actual del Gobierno Federal, pero recordemos que al inicio de esta administración federal se reabrió una normal en el Estado de Hidalgo. Si permanece esta línea en el Gobierno Federal, poco podrá hacer el Gobierno michoacano. Aplicar el examen de Ceneval que evaluará preparación y capacidades, permitirá que accedan al sistema educativo, desde su formación, los idóneos.
El problema de fondo en la educación, que trasciende generaciones y se manifiesta en el sector productivo, es su deficiente calidad; esta se propicia con los problemas ya comentados y por una administración deficiente, que se da principalmente por la falta de profesionalización, la mayoría del personal administrativo se formó como profesor. La falta de respuesta oportuna y suficiente a las necesidades administrativas de los profesores, propicia que se acumulen gestiones y ausencias del maestro frente al grupo, y además, se empodera a quienes no son parte de la estructura representativa de los profesores, pero tiene capacidad de gestión por una u otra razón.
La única forma que estimo aceptable y viable para subir-mejorar el nivel de la educación básica, es capacitar y actualizar incansable, permanente y programadamente a los capacitadores, esto conjugado con una disciplina seria para el cumplimiento de los objetivos de cada año escolar.
Ahora bien, el problema financiero no es tan añejo, pero sí muy grave. Este inicia cuando el déficit del presupuesto estatal se convierte en deuda con la banca privada; el déficit de un año lograba satisfacerse con los primeros ingresos del año siguiente. Se dejaban deudas de corto plazo en cuentas por pagar para el siguiente año y así sucesivamente. La deuda bancaria era principalmente con Banobras y no llegaba a los 200 millones de pesos.
El primer préstamo se autorizó por el Congreso al Ejecutivo en el año 2003 y el siguiente en 2005, ambos sumaron tres mil millones de pesos.
El deseo de hacer muchas obras llevó al Ejecutivo a generar un presupuesto con un alto déficit, el que ya no fue posible soportar como se venía haciendo, y fue entonces que tuvo que recurrirse a los créditos de la banca. Los créditos que solicita y se autorizan al gobierno propician la crítica ciudadana en general, por dos insatisfacciones: la primera, que no se sabe con exactitud por qué y para qué se solicita; la segunda, cuando se contrata deuda, no se conoce en qué se aplican los recursos. Así, la ciudadanía en su conjunto – la sociedad— realiza conjeturas fertilizadas por el escepticismo y la constante información sobre corrupción.
Cada que termina una administración, la información que se da de la deuda es diversa y parcial, acaba por no conocerse con exactitud su monto y cómo está comprometida, como que esto se deja al imaginario social. Es conveniente conocer el total de deuda bancaria, en cuentas por pagar, la que está en curso de documentarse, deuda con terceros que pueden ser institucionales o no (IMSS, ISSSTE, Pensiones, compañías de seguros, etc.).
En lo personal, estimo que la renegociación de la deuda lo que genera es gasto y más deuda. Por lo menos dos administraciones estatales han tenido un importante gasto en pagar a “expertos” para la renegociación; los bancos siempre realizan un estudio que cobran al gobierno, y al firmar cada contrato cobran un porcentaje por apertura. Y cuento una anécdota, en el año 2013, un amigo con el que coincidí en la Cámara de Diputados vino sorpresivamente a verme, me dijo: “Vengo de parte del director general de tal banco, están ustedes en la renegociación, te ofrece mejorar las condiciones que tengas ofertadas y un porcentaje al millar para ti”. Tan sorpresiva fue la visita como la propuesta, no pensé que los bancos procedieran de esa manera para otorgar créditos.
Lo menos que podemos esperar de la administración actual es que nos informe con precisión sobre el monto real de la deuda para que la sociedad se asuma reclamante ante quien deba hacerlo, para que lo haga con certeza y solidez. Si hay renegociación, que se sepa cuál es el objetivo que se propone y, una vez hecha, conocer cómo queda esa deuda.
La delincuencia se ha manifestado en los últimos meses de una manera brutal, con un impacto social que afecta a las instituciones del Estado que deben participar en su combate. Lo inmediato y usual es inculpar a las autoridades municipales, luego a las estatales y federales.
La policía municipal no tiene la fuerza, capacidad de fuego, ni la cuantía de elementos para combatir a la delincuencia organizada. Se piensa, en lo común, que los tiene comprados la delincuencia, quizá algunos, pero otros seguramente están intimidados y esto es lo que los ata, pues la brutalidad con que se conduce ahora la delincuencia les hace temer por su vida y por su familia, retrayéndose en su desempeño. Igual sucede con la policía estatal en parte y con la Fiscalía, aunque ciertamente en ningún caso puede descartarse la corrupción.
Existe la percepción de que administraciones municipales están compradas y al servicio de la delincuencia, algunos casos pueden ser así; pero hay otros, que la delincuencia los tiene sometidos, y que de una u otra forma incluso parte del presupuesto municipal queda en manos de grupos delincuenciales; unos y otros son reprochables. Sin embargo, el municipio es el nivel débil del Estado mexicano; el Gobierno federal y estatal no tienen una estrategia para proteger las instituciones municipales de manera eficaz. En 2007, el Gobierno federal intentó algo, pero resultó desastroso, pues propició el homicidio del presidente Municipal de Villa Madero. No debe abandonarse esta necesidad, y debe protegerse desde la selección misma de candidatos en los partidos políticos.
Los hechos de Zinapécuaro, San José de Gracia, Uruapan y San Juan Nuevo han sido brutales, de un gran impacto social, pero creo que ninguno de estos era previsible y que hubiera podido contenerse. En el aspecto municipal es criticable el caso del “palenque clandestino”; debe investigarse a fondo y sancionar severamente si es el caso; en San Juan Nuevo, años hace que el pueblo está sometido por un grupo que les dicen “Los Lumbreros” y otro más, con el que estos están en pugna. Es claro: si hay información, la intervención debió darse desde años atrás.
El “riego” de armas de calibre reservado al Ejército que, en 2014, se “legalizaron” mediante su registro en la Sedena, tiene mucho que ver con la diseminación de la violencia por todo el territorio michoacano. Hay tantos cárteles, que algunos de estos se han juntado en uno que se llama Carteles Unidos.
Es lamentable, pero a Michoacán le ha tocado ser primero en exhibir cabezas de decapitados; en usar granadas; en usar por primera vez el Barret 50; en utilizar y quemar vehículos para cerrar carreteras, en el uso de drones y de minas terrestres antipersona, etc.
La sociedad puede participar y acompañar al Gobierno en este combate, no empuñando armas, pero sí denunciando y también ejerciendo el desprecio social, para estos y sus próximos. Señalo dos casos que espero no se aprecien excedidos: uno, la forma cómo se esclareció el homicidio del presidente municipal de Aguililla; y, dos, la madre de Querétaro que entrega a su hijo por los sucesos del estadio Corregidora.
Creo que para esto lo que se necesita es franqueza del Gobierno, claridad en sus estrategias, conocer sus objetivos (los que sean posibles) y una respuesta rápida ante denuncias tanto contra delincuentes como en contra de integrantes de los cuerpos de seguridad. En cada localidad, sus pobladores saben quién es quién, entonces lo que falta es generar confianza y caminos viables para la participación ciudadana. Antes los delincuentes lograban cierta simpatía de la gente, por su actitud bondadosa y solidaria frente a sus necesidades; ahora, seguramente el reclutamiento forzoso, el asesinar indiscriminadamente y la brutalidad con que se hace, junto al envenenamiento social (el crecimiento desmedido de las adicciones y más en menores), está germinando una indignación social que se debe encauzar y aprovechar. También parece que estamos viendo la pulverización de los grandes carteles, que es lo que lleva a gran encono y desata acciones irracionales, despiadadas.
Una última apreciación, el gobierno estatal en este más que en ningún otro problema, para tener resultados, depende del apoyo y de una estrategia conjunta con el Gobierno federal. La actitud depende de sí y tiene que verse decidida y fuerte, irrenunciable.
Me he referido a tres temas, como una reflexión libre y respecto a parte de ellos, no pude evitar salpicarlos de vivencias; he dicho la verdad, lo que me consta. En todos los casos creo que lo que falta es una mayor y mejor comunicación del Gobierno con la sociedad y una información amplia y precisa que nos permita entender la realidad del porqué en cada caso, para que, con la información, la sociedad pueda definir adecuada y fundadamente su postura.
Las opiniones emitidas por los colaboradores de Metapolítica son responsabilidad de quien las escribe y no representan una posición editorial de este medio.
