Metapolítica
Ciudad de México.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que el decreto del 16 de abril de 2021, cuyo fin era crear el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Celular (Panaut), es inconstitucional.
Con nueve votos de los 11 ministros fue aprobado el proyecto de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, con el que se establece que el usuario de un plan de telefonía celular debe entregar sus datos a cambio del servicio.
“La entrega de los datos personales y sensibles no es optativa, sino que se impone como una obligación a los usuarios a fin de poder adquirir o conservar el servicio de telefonía móvil”, dijo la ministra.
“Además, el usuario tampoco define el destino que se le dará a su información, ya que tales aspectos vienen definidos por la ley, por lo que el consentimiento no juega un papel relevante en esta regulación”, agregó.
Entre los argumentos de las autoridades para crear el Panaut era contar con la información con el fin de prevenir delitos cometidos con el uso de celulares, por lo que se debían entregar datos personales y biométricos a las empresas proveedoras del servicio.
“Es claro que dicho ámbito se ve afectado al imponer a los usuarios de telefonía móvil la obligación de entregar su información privada, íntima y datos personales, incluyendo datos sensibles, con la correlativa facultad de otorgar a terceros particulares y, al propio Estado, para recopilarlos y poder acceder a ellos”, abundó la ministra Piña.
El ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, dijo que en el decreto para la creación del Panaut no se definió cuáles datos biométricos, entre huellas dactilares, el iris, el rostro y la dimensión de las manos, se debían aportar, además de que no se garantizó la seguridad de estos.
“Un sistema que genere la seguridad de que estos datos no sólo no se van a utilizar de manera indebida por parte del Estado, ni que estén blindados de que un tercero no pueda acceder a este sistema, un hackeo como se dice, y que este sistema pueda estar en manos de cualquier persona, lo que me parecería sumamente grave”, subrayó.
Y añadió: “Lo cierto es que este sistema blindado no existe, no hay una seguridad en relación con estos datos, ni me parece que la causa para que el Estado pretenda tener estos datos, esté, ni de lejos, justificada”.
En su cuenta de Twitter, la presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Blanca Lilia Ibarra, reconoció la determinación de la SCJN.
“Protege los derechos humanos y la privacidad, intimidad, identidad, los datos personales y el interés superior del menor, en favor de las mexicanas y los mexicanos”, destacó.
Con información de Excélsior
