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Aprueban diputados prisión preventiva en casos de intento de feminicidio

Metapolítica

Ciudad de México.- La Cámara de Diputados aprobó tres reformas en apoyo a las mujeres: hacer procedente la prisión preventiva oficiosa en casos de feminicidio en grado de tentativa; sancionar penalmente la cohabitación forzada de menores de edad, y para que las autoridades federales, estatales y municipales adopten medidas con el fin de erradicar las uniones entre menores de 18 años con mayores de edad.

Con 453 votos a favor y 24 abstenciones fueron aprobadas las reformas al Código Nacional de Procedimiento Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Código Penal Federal cuyo fin es imponer la prisión preventiva oficiosa en feminicidios en grado de tentativa, por lo que quien cometa el delito, detallaron, no podrá gozar de libertad condicionada, anticipada o preparatoria ni la pena le será sustituida.

Además, se impondrá prisión que no será menor a la mitad y podrá llegar hasta las dos terceras partes de la pena máxima prevista para el delito consumado, el cual, de acuerdo con el código, va de 40 a 60 años.

Durante la presentación, la panista Paulina Rubio Fernández señaló que el documento atiende las primeras señales del feminicidio, en el sentido de cuando hay antecedentes de violencia extrema y la intención de privar de la vida a una mujer.

Además, los diputados aprobaron por unanimidad (474 votos) las reformas al Código Penal Federal para sancionar a quien obligue, coaccione, induzca o gestione a un menor de edad a cohabitar en forma equiparable a la de un matrimonio con otra persona que esté en su misma condición o sea mayor de edad.

A quien lo haga se le impondrán de 8 a 15 años de prisión y de mil a dos mil 500 días de multa, los cuales aumentarán hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

El dictamen señala que el matrimonio entre menores de edad o la unión temprana atenta contra el interés superior de la niñez, porque representa un menoscabo a sus derechos fundamentales en detrimento de su formación y desarrollo.

Con información de La Jornada




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