Por Hugo Gama
Para la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, “la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”; en ese mismo sentido, la Convención Interamericana contra la Corrupción, aprobada por la Organización de los Estados Americanos el 29 de marzo de 1996 se ha pronunciado al respecto.
Ante la problemática mundial de la corrupción, las consecuencias funestas que trae aparejada y ante la casi inmovilidad gubernamental para contrarrestar ese mal, la Organización de las Naciones Unidas en el año 2004, dio paso a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, ello con la finalidad de obligar a los Estados parte a establecer los valores fundamentales de la honestidad, el respeto al estado de derecho, la obligación de rendir cuentas y la transparencia para beneficiar el desarrollo.
La Convención empuja a los Estados a ajustarse a una serie de disposiciones normativas para que estos a su vez refuercen sus regímenes jurídicos en la lucha contra la corrupción, estableciendo medidas preventivas y la tipificación de conductas, tanto en el sector público como en el privado, aunada la obligación de cooperación internacional para recuperar los bienes que hayan cambiado de país y que devengan de actos de corrupción.
Pero ¿por qué se señala que la corrupción afecta derechos humanos? Para los organismos internacionales, la corrupción es un fenómeno que atenta contra el desarrollo de los países, afectando con mayor énfasis a los pobres, al ser estos las victimas indirectas de este mal, ello aunque la victima directa es la Hacienda Pública (Estado), esto porque los recursos “extraviados” no llegan a las arcas públicas, y por consecuencia no pueden ser utilizados para programas sociales, de desarrollo económico, empleo, educación, servicios básicos, obra pública, y en el caso de países subdesarrollados o emergentes, la afectación mayor se da en el tema de seguridad en donde con mayor facilidad puede existir “diálogo” entre delincuentes y servidores públicos.
Las afectaciones en mención provocan mayor desigual e injusticia social; la falta de presupuesto económico (perdido por la corrupción) para hacer valer derechos humanos y sociales, implica estar ante la presencia de un Estado que no tiene la capacidad de proteger a sus habitantes, y por consecuencia no puede garantizarle derechos. No importa que los Tratados Internacionales o las Constituciones de las naciones reconozcan derechos, si no existe el recurso financiero para garantizarlos, debiendo ser este uno de los puntos principales del debate de la lucha contra la corrupción.
En México, desde 2015 se han establecido el Sistema Nacional Anticorrupción y los Sistemas Estatales Anticorrupción, contando con el andamiaje jurídico y la cadena institucional para su funcionamiento, esfuerzo importante que aún se encuentra en proceso de consolidación, pero más importante es que todos logremos entender el daño real y el atentado a los derechos humanos que representa la corrupción, pues sólo de esa manera podremos generar una sola estrategia contra este mal.
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