“Más que a nada, le temo a la orfandad de la Ética”.
—Marcela Serrano
Por Rosmi Bonilla
Aunque Michoacán avanzó una posición en el ranking nacional del Índice de Estado de Derecho, el promedio de cumplimiento no supera la calificación de 4 puntos de 10, es decir, nos mantenemos reprobados en límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal (ocho factores).
En esta entrega vamos a repasar cómo le fue a Michoacán en cuanto al combate a la corrupción. Lamentablemente, el panorama no es halagüeño.
Michoacán fue uno de los 16 estados que presentó retrocesos en cuanto al combate a la corrupción, pues pasó de un puntaje de 3.5 de 10 en 2021, a 3.4 en el reporte de 2022, y se mantuvo en la posición 19 del ranking nacional. Eso quiere decir que Michoacán es el estado número 13 con mayor corrupción. La medición de Michoacán está disponible en https://worldjusticeproject.mx/wp-content/uploads/2022/05/1_WJP_IEDMX_Digital.pdf
En cuanto a la ausencia de corrupción, el Índice mide el uso del poder público en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial locales, y en el sistema de seguridad y procuración de justicia para obtener beneficios privados, y considera tres formas de corrupción: sobornos, influencias indebidas y la apropiación indebida de recursos públicos.
En el reporte, cuando se refiere a la ausencia de corrupción en el poder ejecutivo, Michoacán obtuvo 3.3 de 10 puntos, y la medición consiste en saber si las personas servidoras públicas del poder ejecutivo estatal incurrieron o no en actos de corrupción, si malversaron fondos públicos y si hubo transparencia en las licitaciones.
La ausencia de corrupción en el Poder Judicial pretende medir si juezas, jueces y personas servidoras públicas del Poder Judicial se abstuvieron de solicitar y aceptar sobornos para cumplir con sus deberes o acelerar procesos, y si el poder judicial estuvo libre de influencias indebidas por parte del gobierno, de intereses privados o de organizaciones delictivas para favorecer a alguna de las partes. En este subfactor, el estado obtuvo 4.4 puntos de 10. Es el poder con mayor puntaje.
En cuanto a la ausencia de corrupción en los sistemas de seguridad pública y procuración de justicia, Michoacán obtuvo 4.2 puntos de 10, y se midió si las personas servidoras públicas de este sector no abusaron de sus funciones para obtener beneficios privados, si se abstuvieron de solicitar y aceptar sobornos, y si estuvieron libres de influencias indebidas por parte de intereses privados o de organizaciones delictivas.
Y finalmente, en cuanto al Poder Legislativo se buscó conocer si las personas servidoras públicas del poder Legislativo no solicitaron o aceptaron sobornos o cualquier incentivo a cambio de favores políticos, iniciativas legislativas o el sentido de su voto en otras decisiones. Aquí, Michoacán obtuvo 3.1 puntos de 10. Es el poder con menor puntaje.
Como vemos, en cuanto a la Ausencia de Corrupción, el Índice de Estado de Derecho no mide acciones correctivas (cuántos servidores o exservidores han sido sancionados) ni políticas públicas (no las hay porque la Política Estatal Anticorrupción no ha sido aprobada por el Comité Coordinador del Sistema), sino las conductas y comportamientos de las personas servidoras públicas. No está de más aclarar que estas conductas podrían ser monitoreadas y medidas se aprobarse la propuesta de Política Anticorrupción que elaboró el Comité de Participación Ciudadana y que se puede consultar en: http://cpcmichoacan.org/wp-content/uploads/2021/04/3.1-Proyecto-Politica-Publica-1.pdf .
Por otro lado, el año de revisión fue un año complicado porque hubo cambio de gobierno y, por tanto, cambio de personas servidoras públicas en el Ejecutivo, Legislativo y áreas de seguridad. Este comentario no otorga más que el beneficio de la duda: vamos a ver si los nuevos servidores de los michoacanos sí dan el ancho.
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