Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Los estados de Michoacán, Jalisco, Chiapas y Quintana Roo participaron en el evento “Mecanismo Nacional de Revisión entre pares de la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción en México”, espacio en el que integrantes de los Comités de Coordinadores de las entidades federativas y el nacional intercambiaron ideas, buenas prácticas y retos que fortalecerán a los sistemas anticorrupción en México.
La presidenta del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y del Comité de Participación Ciudadana (CPC), Elizabeth Vázquez Bernal, asistió a esta jornada de trabajo organizado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID México), a través del equipo de Prevención y Lucha contra la corrupción.
Durante su participación, enfatizó los retos que tienen los Comités de Participación Ciudadana, de fortalecer la gestión con organizaciones de la sociedad civil organizada, las instituciones educativas y el sector privado para desarrollar mecanismos efectivos que permitan prevenir faltas administrativas o hechos de corrupción.
“El trabajo coordinado de la sociedad, la academia, las instituciones públicas y privadas permitirán que México logre una recomposición social que permita disminuir paulatinamente hechos de corrupción”, expuso ante los asistentes.
En el evento, además, se resaltaron los trabajos que se desarrollan en Michoacán con el apoyo de los integrantes del Comité Coordinador del SEA, instituciones públicas y privadas como lo son el fortalecimiento de la Red Ciudadana Anticorrupción, el programa institucionalizado de capacitación y formación continua, así como la cocreación de un modelo de intervención educativa para nivel básico y superior para fomentar valores anticorrupción.
La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es un documento que establece el compromiso de los estados que la conforman, de garantizar la existencia de un órgano que se encargue de prevenir la corrupción, adoptando medidas como la aplicación de políticas y prácticas de prevención de la corrupción.
