“Debemos proteger a nuestras instituciones o las perderemos”.
—Mauricio Merino
Por Rosmi Bonilla
Los límites al poder gubernamental son los contrapesos que limitan el actuar de los Ejecutivos (presidente, gobernadores y alcaldes) y son quienes los responsabilizan por sus actos en un ejercicio, muchas veces obligado, de rendición de cuentas.
Así es como considera y, por tanto, califica World Justice Project a los actores que hacen las veces de contrapesos en el Índice de Estado de Derecho y en cuya entrega sobre el análisis de 2021 no nos fue nada bien.
El Poder Legislativo, los órganos de fiscalización, la prensa, las organizaciones de sociedad civil y hasta los partidos políticos de oposición le seguimos debiendo mucho a los michoacanos.
Mire. Michoacán mejoró apenas un punto de 100, es decir, pasó de 37 puntos de 100 a 38 entre 2020 y 2021 en cuanto al papel de los contrapesos. Los poderes Legislativo y Judicial se mantuvieron en 37 y 48 puntos, respectivamente, y el rubro de elecciones limpias, libres y transparentes mostró una leve mejoría de dos puntos (pasando de 44 a 46) que, considero, tiene que ver con que en 2020 no hubo elecciones y la percepción se basaba en el recuerdo de las inmediatas anteriores y que en 2021 sí tuvimos proceso electoral, incluso, para elegir gobernador.
Sin embargo, lo que sí es un fuerte y definitivo llamado de atención son las calificaciones que obtuvieron, por un lado, los órganos de fiscalización y, por otro, la prensa, las organizaciones de sociedad civil y los partidos políticos como contrapesos.
En primer término, los órganos de fiscalización no superan los 25 puntos de 100 y obtienen de manera recurrente los puntajes más bajos. Es decir, los michoacanos consideramos que la fiscalización de los recursos públicos es una simulación que obedece a circunstancias políticas y tenemos claro que mientras los órganos de fiscalización dependan del propio gobierno, no serán imparciales ni eficaces.
Por otro lado, la prensa y las organizaciones de sociedad civil parecen no estar respondiendo al papel de contrapesos con la fuerza necesaria. En 2020 obtuvieron una calificación de 50 puntos sobre 100 y en 2021 cayeron a 46 puntos. Sin duda, esta baja en su puntaje se debe a la desconfianza ciudadana en el papel que juegan los medios de comunicación y las organizaciones de sociedad civil y a la poca fuerza de sus cuestionamientos al ejercicio gubernamental.
Pero quienes han sido los mayores responsables de esta baja en la calificación han sido los partidos políticos, a mi consideración. Y es que como partidos de oposición la alianza entre PRI, PAN y PRD ha dejado mucho que desear incluso a nivel estatal a tal grado que, lo que se escucha de ellos, no son más que las pugnas internas por las dirigencias estatales, pero de cuestionamientos al gobierno, nada.
Si bien las instituciones que ejercen los contrapesos no están cumpliendo con este papel, es necesario también que reconozcamos que, mientras los órganos de fiscalización no sean verdaderamente autónomos y los medios de comunicación y las OSC no dependan del financiamiento gubernamental, poco se puede hacer.
Poner límites al poder gubernamental requiere de instituciones sólidas y autónomas que, a través de esa solidez y autonomía, exijan cuentas claras al actuar de los gobernantes, dejen la simulación y se empoderen en su papel.
Finalmente, hace un par de semanas le presenté, estimado lector, las calificaciones que Michoacán obtuvo en el apartado de Ausencia de Corrupción y le expliqué que ahí no se estaban calificando ni las sanciones ni las medidas de prevención.
Pues bien, en el apartado de Límites al Poder Gubernamental sí se están contemplando ya las sanciones a servidores públicos que hayan infringido leyes o abusado de sus funciones.
En ese sentido, desde 2018 a septiembre de 2021, la Secretaría de Contraloría reporta apenas 13 servidores públicos sancionados principalmente con inhabilitaciones. Sólo una de ellas, la exsecretaria de Finanzas, Marcela Figueroa, recibió sendas multas por 162 millones pesos y 40 millones de pesos, respectivamente, sin que sepamos si ese recurso ya fue cobrado por el Gobierno estatal.
Sin sanciones ejemplares, sin una fiscalización real y efectiva y sin cuestionamientos de la prensa, las OSC y los partidos de oposición, la exigencia de rendición de cuentas es solamente una llamada a misa. ¿No le parece?
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