Metapolítica
Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General de la República (FGR) demandó al narcotraficante Rafael Caro Quintero, así como a su esposa e hijos, la extinción de dominio de cinco bienes inmuebles que el capo posee en Zapopan, Jalisco.
Argelia Román Mojica, juez Sexto de Distrito en materia de Extinción de Dominio, admitió la demanda con competencia en la República Mexicana y especializado en Juicios Orales Mercantiles en el Primer Circuito, y además ordenó asegurar los bienes reclamados por la FGR.
La FGR solicitó a Rafael Caro Quintero, a su esposa María Elizabeth Elenes Lerma, y sus hijos Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio y Mario Yibrán (todos de apellidos Caro Elenes), los bienes ubicados en la calle Paseo de los Virreyes número 4283, a nombre de Rafael Caro Quintero y su esposa; una bodega en el mercado de Abastos Norte, ubicado en la avenida Melchor Ocampo, a nombre de Héctor Rafael, Roxana Elizabeth, Henoch Emilio y Mario Yibrán (Caro Elenes); dos en el condominio Sagitario a nombre de Roxana Elizabeth Caro Elenes, y uno más ubicado en la calle Luigi Prandello 5397, a nombre de Roxana Elizabeth Caro Elenes. Los últimos cuatro, precisan, con usufructo vitalicio a nombre de Rafael Caro Quintero y su esposa María Elizabeth Elenes Lerma.
El fiscal de Distrito Este de Nueva York, Estados Unidos, demandó además la extinción de dominio en dicho país, la cual fue declarada procedente desde el 15 de abril de 2021.
La juez mexicana ordenó asegurar provisionalmente los bienes con el fin de garantizar que no sean destruidos o deteriorados en tanto se resuelve el juicio.
“Se concede la medida cautelar consistente en el aseguramiento precautorio de los bienes inmuebles”, explica el acuerdo con fecha del 2 de marzo de 2022, “para garantizar la materia del juicio, la conservación del inmueble y evitar que sufra menoscabo o deterioro, sean mezclados o que se realice cualquier acto traslativo de dominio, incluso previo a la presentación de la demanda, garantizando en todo momento su conservación”.
Desde entonces se ordenó notificar por edictos en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico Oficial de Jalisco a quienes se consideren con derechos sobre los bienes que la FGR requirió que sean puestos a disposición del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y a los codemandados.
Con información de Proceso
