Por Héctor Tapia
Iniciaron formalmente los trabajos del parlamento abierto de cara a la Reforma Político-electoral que se pretende impulsar en el país, fundamentalmente por el oficialismo.
Si bien las cartas están echadas en función de las posturas de los partidos de oposición, con la negativa anticipada a partir de su “Moratoria Constitucional”, con la que han dejado claro que rechazan la propuesta planteada por el presidente, esto no quita la verdadera urgencia de revisar una serie de aspectos del sistema político-electoral mexicano que siguen sosteniendo viejos vicios que no permiten que realmente la democracia participativa avance en el país.
El sistema político electoral mexicano necesita urgentemente su revisión y adecuación a las grandes exigencias que plantea la actualidad, y en consecuencia necesita enteros a sus legisladores federales, de todas las fuerzas políticas; necesita la dinámica parlamentaria, la discusión y deliberación.
Abaratar la discusión a que la reforma se centra en desaparecer a los organismos electorales es cegarse a la necesidad de sí revisar y discutir otros temas que son necesarios, por lo que autoexcluirse de la discusión es una irresponsabilidad legislativa.
¿Qué temas urgen ser reformados y adecuados? Uno de ellos tiene que ver con el voto electrónico. Se ha argumentado que las elecciones a través de papeletas han resultado muy caras al erario, por lo que ajustar al voto electrónico vendría a reducir considerablemente los costos.
Otro tiene que ver con el financiamiento a los partidos políticos, el cual sigue siendo sumamente oneroso en las arcas públicas, por lo que un ajuste en este sentido debe garantizar ahorros, erradicando estructuras burocrático-partidarias que operan bajo favoritismos y pago de favores electorales.
Del presupuesto global que recibe el Instituto Nacional Electoral (INE), una tercera parte, alrededor de 5.8 mil millones de pesos, se destinan para el financiamiento de los partidos y sus actividades. Este ajuste deberá darse sin afectar el equilibrio ni afectar la pluralidad política existente.
La subrepresentación y sobrerepresentación parlamentaria también es otro aspecto que sin duda se tendrá que abordar, lo mismo sobre la pertinencia de si se disminuye o no la cantidad de posiciones plurinominales en las Cámaras del Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores.
Este último punto también ha desatado un intenso debate, porque algunos consideran que se afectaría posiciones que garantizan que haya mayor pluralidad en el Congreso de la Unión.
Así como estos, hay tantos temas que tienen que ser abordados y discutidos, y superan el solo y exclusivo planteamiento (malo, por cierto, en cómo se hizo, y también en algunas rutas planteadas) de “desaparecer” al INE para convertirlo o transformarlo en otra institución electoral que integre también aspectos como la organización de consultas ciudadanas.
Cierto, hay aspectos que de entrada no podrían considerarse, como lo es también la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), porque hay particularidades en los estados que demandan su existencia, como el caso michoacano para las consultas en las comunidades indígenas, aspecto que no podría atender a cabalidad el propio INE.
Insisto, si bien hay aspectos que no se pueden o deberían erradicar de un plumazo, sí hay una serie de aspectos, los más, que sí requieren ser reformados.
No entrar en esa discusión para construir una reforma que sí necesita el país, que le urge, sería, insisto, irresponsable.
