“La estrategia de tirios y troyanos para desbancar a los adversarios
se ha vuelto más importante que cualquier idea,
cualquier proyecto o cualquier propuesta”.
—Mauricio Merino
Por Rosmi Bonilla
En esta columna defendemos siempre la posibilidad de que los ciudadanos tengamos espacios para del debate público. Sin embargo, la simulación de esos espacios es, por decir lo menos, aberrante.
En el caso del ejercicio de “Parlamento Abierto” (así, entre comillas porque no cumple con los estándares para serlo) para la reforma electoral, no nació ni se ha ejecutado de manera diferente a los ejercicios anteriores que sólo buscaron la participación de expertos y sociedad civil para legitimar una decisión ya tomada.
Así pasó con el ejercicio para la Reforma Eléctrica: se convocaron y se realizaron foros, y aún con la desconfianza (bien ganada) de expertos y sociedad civil, se participó; se presentaron propuestas muy interesantes, no siempre coincidentes entre sí, pero muy ricas, y se elaboró un Libro Blanco muy bien hecho.
Pero lo que se votó en San Lázaro el 17 de abril de 2022 era tal cual la propuesta hecha por el Ejecutivo Federal. Sin mover una sola coma.
La historia, la conoce: aquello terminó en una rebatinga política de poco alcance porque la oposición se amachó en una “Moratoria Constitucional”, es decir, en una rotunda negativa a aprobar reformas a la Carta Magna presentes y futuras y hoy, con mucha “apertura” esa misma oposición se da “un chance” para ver si la reforma electoral es viable. Aunque, aseguran, que no como la propone el Ejecutivo (otra vez).
Porque establecer las reglas del juego para la próxima elección presidencial es muy muy apetecible, incluso para una oposición ofendida pero debilitada.
Este antecedente sólo pretende ilustrar, por un lado, el grave riesgo de simular que se consulta a los expertos y a la ciudadanía para aprobar reformas pre elaboradas y preaprobadas. Y por otro, el riesgo de que nuestras instituciones sigan a merced de los vaivenes políticos.
Este Espejo Roto va en dos sentidos: que no se simule la participación de expertos y sociedad civil en los foros de Parlamento Abierto y que los temas esenciales se aborden y se pulan, porque para impulsar una reforma al sistema político mexicano no sólo se requiere cambiar las leyes y a los órganos electorales, sino exigir a los partidos un comportamiento ejemplar y de altura.
En medio de 40 iniciativas a analizar con temas tan variados como las elecciones primarias en las que los ciudadanos eligen a los candidatos del partido de su preferencia, regular la sobre representación, el voto electrónico, la regulación de las redes sociales, el acceso a los medios de comunicación y hasta la creación de la vicepresidencia; no podemos olvidar la necesidad de replantear el financiamiento a los partidos políticos, la injerencia del crimen organizado (no sólo el narcotráfico, el desvío de recursos públicos debería considerarse delincuencia organizada), el fortalecimiento a la fiscalización y la garantía legal y vinculante de que los partidos nos ofrezcan candidatos probos.
No se trata de defender a los órganos electorales per se, sino defender lo que representan: afianzar que haya “cancha pareja”, la no intervención del partido en el poder y, lo más importante, la garantía de que no haya trampas, porque aún con un andamiaje legal e institucional envidiable, la clase política (y no los órganos electorales) siempre encuentran la manera de brincarse la barda. Y, en estos momentos, con la reforma electoral en análisis por el Congreso, la iglesia está en manos de Lutero.
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