Toluca, Estado de México.- “La violencia política contra las mujeres por razón de género es un tema que no se agota en el discurso, justamente porque no se agota en la práctica social”, aseveró la magistrada Yolanda Camacho Ochoa durante su participación en la conferencia “Sentencias relevantes en materia de Violencia Política en Razón de Género” llevada a cabo por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
En su participación, la magistrada Yolanda Camacho señaló que hablar de violencia es hablar acerca de un tejido de situaciones que tocan a todas las personas, mucho más de cerca de lo que alcanzamos a ver en la vida cotidiana, tanto en el ámbito público como en el privado.
Además, ante el hecho de que los partidos políticos siempre mandan a las mujeres a capacitarse cuando se trata de temas de violencia política de género, cuestionó “¿Qué acaso los hombres no necesitan ese tipo de capacitación?”, realizando a su vez una invitación a las mujeres a generar alianzas y redes de apoyo, así como a denunciar todo tipo de violencia del que sean víctimas. Lo anterior, en el marco del “Día Naranja” que se conmemora los días 25 de cada mes.
En su participación la magistrada Camacho Ochoa expuso un asunto resuelto por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, en el que declaró la existencia de violencia política por razón de género en contra de la síndica y de una regidora de un Ayuntamiento, cometida por parte de un compañero un integrante del propio Ayuntamiento, que realizó diversas publicaciones en la red social de Facebook en las que se denigraba y descalificaba la imagen de las servidoras públicas. Lo anterior, con la finalidad de visibilizar que la violencia política contra las mujeres por razón de género existe y subsiste más de lo que se dice en números.
En su ponencia, la magistrada señaló diversos elementos que las y los juzgadores deben valorar al momento de juzgar en casos en los que se denuncie violencia política de género, tales como: categorías sospechosas, estereotipos de género y micromachismos.
Además, destacó el hecho de que el Tribunal Electoral, como parte de su función juzgadora, tiene la misión de garantizar a toda la ciudadanía en general, y a las mujeres en particular en tanto que constituyen un grupo de alta vulnerabilidad, la protección integral de sus derechos humanos, particularmente los de naturaleza político-electoral.
Por último, ratificó su compromiso personal e institucional para resolver desde una perspectiva de género en todos los casos en que le toque conocer sobre esa violencia que, velada o abiertamente, siguen sufriendo muchas mujeres que aspiran a acceder a un cargo público o que, ejerciéndolo, ven obstaculizado su trabajo cotidiano, víctimas de discriminación y agresiones de todo tipo que sólo pueden entenderse desde el machismo, la intolerancia y la misoginia.
Como dato relevante, la comisionada del Infoem, Sharon Morales Martínez, refirió que hace unos días el Instituto Nacional Electoral, dio a conocer el registro de personas sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, en el que se advierte que al 23 de agosto del presente año, cuenta con 242 personas que han sido sancionadas por autoridades administrativas, jurisdiccionales y penales tanto en el ámbito federal como local, por ejercer violencia política de género, de estas sanciones 202 son hacia hombres y 40 hacia a mujeres.
