“Si quieres derrotar la corrupción, debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”.
—Lee Kuan Yew, ex primer ministro de Singapur
Por Rosmi Bonilla
En esta ocasión, el Espejo Roto no es una opinión, es un reporte sobre la presentación del informe de la investigación que ha venido desarrollando la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en torno a Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex).
Dicho esto, le comparto que la investigación, que inició en 2019, ha arrojado un faltante de 11 mil millones de pesos, es decir, un año de presupuesto de esta paraestatal y poco más de lo que ejercerá en todo el 2022 la Secretaría de Salud en Michoacán (9 mil 404 millones de pesos).
Para hacer un comparativo, hay que recordar que la “estafa maestra” (esa por la que Rosario Robles presuntamente pasó tres años en prisión preventiva) representa un desvío de recursos de 7 mil 600 millones de pesos.
En otras palabras, el desvío en Segalmex es mayor por 3 mil 400 millones de pesos a la “estafa maestra”. Esta diferencia equivale a poco menos del presupuesto que recibirá este 2022 la Secretaría de Seguridad Pública en Michoacán (3 mil 545 millones de pesos), y un poco más del que recibirá la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (3 mil 326 millones de pesos).
Además, durante la presentación del informe se dio a conocer que el mecanismo para el desvío de recursos consiste en otorgar contratos por adjudicación directa con sobrecostos a empresas fachada que aún no pertenecen al catálogo de empresas fantasma de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras que sí están en dicho catálogo.
Los antecedentes de las empresas contratadas ya son en sí un foco rojo, además, las empresas que debieron proveer costales, pesticidas y lonas para proteger el maíz y el frijol no cumplieron con la entrega lo que ha provocado el desabasto para los más pobres; los que, según el presidente Andrés Manuel López Obrador, son primero.
Finalmente, entre los hallazgos, destaca que los estados financieros de cinco meses de operaciones de Segalmex en 2021 están perdidos. ¿Dónde está el Órgano Interno de Control que debió investigar y sancionar esta falta de información?, ¿dónde está la Auditoría Superior de la Federación que, ante la falta de estos documentos no puede revisar el adecuado ejercicio de los recursos? ¿Y dónde está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que vigila la Contabilidad Gubernamental y el Presupuesto basado en Resultados?
Otro dato interesante que arrojó esta investigación consiste en que Bernardo Fernández Sánchez, quien hasta enero de 2022 fue director de Operaciones de Segalmex, es socio de una de las empresas favorecidas con contratos por adjudicación directa. Empresa que, además, cuenta en su haber con escándalos de corrupción anteriores.
Y para cerrar con broche de oro, hay 22 carpetas de investigación por el caso Segalmex en la Fiscalía General de la República, pero sólo una se ha judicializado y corresponde a la vinculación a proceso de René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de la paraestatal, por su presunta responsabilidad en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades derivado de la compra de títulos bursátiles con recursos públicos de la institución.
Como nota al margen (o astilla en el Espejo Roto), no sobra recordar que Ignacio Ovalle, exdirector general de Segalmex hasta abril de 2022 y jefe de los exfuncionarios mencionados en los párrafos anteriores, fue removido pero designado por el presidente López Obrador como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed).
El caso Segalmex nos lleva a reflexionar que los elaborados mecanismos de desvío de recursos que se ponen en marcha y la red de complicidades de personas y de instituciones que implican no tienen colores ni ideología y también nos hace confirmar que, por decreto, la corrupción y la impunidad no se acaban y menos si con una mano se firma ese decreto y con la otra se remueve y designa en otro puesto al amigo que incurrió en actos de corrupción.