“Si le mientes al gobierno, cometes un crimen.
Si el gobierno te miente a ti, está haciendo política”.
—Bill Murray, actor
Por Rosmi Bonilla
En el Plan Nacional de Desarrollo, las adjudicaciones directas están prohibidas. Es más, al inicio de su gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que “las compras del gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria y con observación ciudadana (…)” como lo consigna en su columna De Interés Público el periodista Jaime López Martínez, el pasado 31 de agosto.
Sin embargo, los números de las Organizaciones de Sociedad Civil como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), México Evalúa y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, así como los de la Auditoría Superior de la Federación, indican que ocho de cada 10 contratos para la compra de bienes o servicios que hace la Federación son por adjudicación directa.
Cuando el gobierno necesita comprar bienes o adquirir servicios tiene tres opciones: el concurso abierto y público (licitación); solicitar presupuestos y propuestas técnicas a tres empresas, y brindar, de manera directa, a un proveedor preseleccionado, el contrato. Esta última es la adjudicación directa, y según las leyes mexicanas, debe ser siempre una excepción, no una regla.
Pero para la Cuarta Transformación, lo que por escrito, ellos mismos prohibieron, y lo que las leyes buscan evitar tan estrictamente, hoy es el mecanismo primordial para las compras públicas, porque aunque los montos contratados por adjudicación directa no superaron el millón 200 mil pesos en 2021; el 40% del gasto que hizo el gobierno federal en ese año para la adquisición de bienes o servicios fue a través de adjudicación directa.
Esta tendencia se está expandiendo a los estados, pues, según el Informe sobre Compras Públicas Estatales que publicó el IMCO, seis de cada 10 contratos son adjudicados directamente.
La adjudicación directa no es mala en sí misma; sin embargo, el abuso de ella permite que haya empresarios favoritos; genera opacidad; inhibe la competencia y, por tanto, la búsqueda de mejores condiciones de contratación para quien paga (el Estado, es decir, con el dinero de usted y mío); fomenta los sobrecostos y es el mecanismo estrella para el desvío de recursos como quedó comprobado en la Operación Zafiro, la Estafa Maestra y, recientemente, en el desvío de recursos de Segalmex.
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