Gustavo R. Gallardo / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- La titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Yarabí Ávila González, desglosó el costo de las plazas laborales en el sector educativo en las cuatro modalidades que eran comercializadas en gobiernos anteriores, destacando las de docencia, cuyo precio rondaba los 300 mil pesos, y detalló cómo maniobraban los operadores de esta práctica ilegal.
En conferencia de prensa, la funcionaria estatal aseguró que la venta de plazas “es cosa del pasado en esta administración”, y subrayó que “el gobernador nos tiene muy muy vigilados con este asunto, porque en un compromiso del estado con la federación”.
Además, dijo que es mentira que en la SEE “estamos divididos”: “Todos estamos trabajando para luchar contra la comercialización justamente de la educación”.
Posteriormente, Ávila González mostró una imagen en la que se destalla el costo por cada plaza laboral en el sector educativo, destacando la de docente con un costo de 300 mil pesos hasta 400 mil pesos.
“Las plazas administrativas también ya hemos puesto un candado en ellas, indicación del señor gobernador, que se repartan conforme a la necesidad del servicio, pero también generando un apoyo y una ayuda a las familias que más requieren en cada una de las comunidades”, explicó.
Yarabí Ávila dijo que en la actual administración se ha buscado todas las alternativas para “transparentar esos procesos de tal manera que no haya mano negra o que no haya dudas de que quien está recibiendo una plaza definitiva, una base de maestro o maestra, pues efectivamente es porque la concursó”.
¿Cómo operaban?
En su informe, la secretaria de Educación en el Estado reveló la forma en que maniobraban los operadores o ‘coyotes’ de estas plazas.
Un trabajador de la SEE o sindicalizado ‘cazaba’ plazas disponibles; luego, otro trabajador, que “respondía a intereses de algún funcionario de la SEE”, colocaba las plazas según una lista de interesados.
“Identificaban en qué escuela había una plaza. ¿Cómo las identificaban? Pues donde había, por desgracia, alguna persona que fallecía, algún jubilado o alguna renuncia. Esa plaza era evidentemente atrapada por estas personas (…) para posteriormente buscar quiénes estaban en interesados en adquirir una plaza, público en general, alguien que no cubre el perfil de docente, que no es egresado de alguna normal pública”, explicó.
Reveló que se le prohibía al director de la escuela informar sobre la disponibilidad de esa plaza, “lo que generaba que ellos tuvieran la posibilidad de ofertar de acuerdo a la lista de interesados que tenían”, y luego se cobraban los 300 mil pesos a los 400 mil pesos, aunque “no al 100%, pero una parte de esta plaza”.
“Por eso hay tantas manifestaciones, porque hay gente que está exigiendo esas plazas que fueron vendidas en años pasados y que no se les ha cumplido porque ahora todo es a través de los procesos normativos, tanto estatales como federales, y ahí ya no les cuadró muy bien el negocio”, detalló.
Todos los documentos que se les entregaban a los compradores de plazas, como nombramiento y orden de adscripción, dijo, eran apócrifos.
“Hay muchísimos documentos con firmas falsas, con nombres falsos, incluso con cargos erróneos o inexistentes, por ejemplo, en vez de dijera ‘secretaria de Educación’, decía ‘directora de Educación’”, dijo.
Yarabí Ávila llamó a la población a no ser parte de la corrupción de la venta de plazas, ya que la SEE estableció 15 candados de seguridad con los que se pretende que sea “más difícil que puedan generar documentos falsos o que les entreguen algún documento falso en el que les prometen alguna falsa”.
La funcionaria reconoció que hay mucho todavía por hacer para erradicar la corrupción en el sector educativo, “y es donde, evidentemente, las expresiones sindicales se oponen a que sigamos buscando la transparencia a través del Gobierno Digital o con otras estrategias”.
