Por Héctor Tapia
Mucho se insiste en que haya resultados en las denuncias contra exfuncionarios que han sido señalados de haber incurrido en presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Silvano Aureoles Conejo.
Y si bien hay una serie de lecturas políticas que valdría la pena abundar o profundizar, me gustaría comenzar remarcando algo que es fundamental para dimensionar lo que podría tardar y por qué esto abona a que se alimente la sensación de impunidad.
Comencemos por referir que el plazo para obtener una sentencia respecto a una denuncia penal por actos de corrupción podría tardar hasta cinco años, esto siguiendo la línea de procedimientos legales.
Esto es sólo siguiendo la línea penal con respecto a las irregularidades denunciadas; es decir, la otra vía, es el carácter administrativo, que lleva de forma paralela otra línea también para fincar responsabilidades.
Para las que son de carácter penal, se tiene que seguir paso a paso lo que enmarca la normativa, y va desde la presentación de la denuncia, con la presentación de las pruebas, luego viene la definición de si se investiga o no por parte de la Fiscalía en función de si está o no bien integrada una denuncia; luego vienen las querellas, contestaciones, las respuestas de los denunciados, todo en principio de que en tanto no haya una sentencia, existe la presunción de inocencia.
Es decir, todos estos pasos se tienen que librar e, insisto, tardarían hasta cinco años para llegar a obtener una sentencia, y digo que pueden ser hasta cinco años, porque si bien pueden ser menos, dependerá de la calidad de las pruebas presentadas, de la posición que asuman las fiscalías, las mismas auditorías.
Aquí conviene hacer un alto y decir que hay dos renglones: uno local y otro federal. En lo que respecta a las denuncias que se presentaron por parte del gobierno de Michoacán ante la Fiscalía General de la República, se ha asegurado que estas vienen avanzando, a partir de los elementos aportados no sólo por el gobierno estatal, sino por la misma Auditoría Superior de la Federación.
Y por otro lado están las denuncias en lo local, las cuales tienen que librar la “garita” de la Fiscalía General del Estado, pero también los elementos que pueda aportar la Auditoría Superior de Michoacán, ambas instancias donde se ha señalado de manera insistente que el exgobernador michoacano, Silvano Aureoles Conejo, metió las manos en los procesos de designación de sus titulares.
Sin embargo, en ambos casos, tanto en lo que respecta a lo federal como a lo local, las denuncias que se hayan presentado por el actual gobierno del estado tienen que seguir un procedimiento que tardaría años en conseguir la sentencia de un juez, proceso donde ya el Ejecutivo estatal no tiene injerencia porque esas instancias son autónomas, y ante estos aspectos, la pregunta es recurrente: ¿Por qué se tiene que tardar tanto? Este periodo que podría tardar desde la denuncia, investigación, juicio y sentencia es el que alimenta esa sensación constante de impunidad.
Por otro lado, en la lectura política, y sabiendo esto, el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, que ha sido señalado por haber heredado una administración en condiciones financieras raquíticas, críticas, y de haber generado un daño al erario estimado en los 12 mil millones de pesos, ha encontrado en el siguiente proceso electoral de sucesión presidencial una ventana para seguir en la conversación pública que le permita crecer en puntaje como una figura opositora al actual régimen.
Intenta esta ruta utilizando o a su partido, el PRD, el menor de los tres partidos que han anunciado su alianza electoral opositora para la sucesión presidencial; y sabiendo esto, las circunstancias adversas electoralmente hablando, Aureoles Conejo, con todo el descrédito que pesa sobre él, y hasta ahora sólo señalamientos mediáticos y las sabidas denuncias presentadas, buscará aparecer en todos lados posibles para seguir abonando a la oposición.
Esto para que en cuanto se dé el escenario, si de da, de alguna orden de presentación y que trascienda públicamente que tiene que comparecer a responder por los señalamientos en su contra, utilizaría la coyuntura para aseverar lo que ha venido señalando: que es una persecución política en su contra. Aun cuando haya elementos contundentes que sustenten el desfalco y las irregularidades que dejó.
Si no llegara a darse el escenario de que sea llamado a comparecer, su anticipado activismo político electoral será para él tiempo ganado a su causa, y le dará elementos suficientes para sostener que es una persecución política.
Es por ello que no hay que perder de vista los tiempos que podría tardar en tenerse una sentencia respecto a alguna denuncia, de existir, que se haya presentado en contra del exgobernador. Aureoles Conejo, mientras tanto, buscará crecer su causa, cueste lo que cueste. La idea es ganar en cualquier escenario.
