Por Jacques Coste
Hace unos días, vi la película Argentina, 1985. No estropearé la obra para quienes no la han visto, por lo que no entraré en demasiados detalles respecto a la trama. Basta con aclarar que, como lo indica su nombre, el filme es una dramatización del proceso de justicia transicional que se celebró en Argentina, en la década de 1980, tras el fin de la dictadura militar y como parte del proceso de transición a la democracia.
Así, la película relata lo que se conoce como Juicio a las Juntas, es decir, el proceso judicial que enfrentaron los líderes de la dictadura militar argentina, como Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Roberto Viola, por los crímenes de lesa humanidad, las desapariciones forzadas y otras tantas atrocidades que se cometieron bajo su supervisión.
El filme resulta un punto de partida muy interesante para reflexionar sobre el México actual. En primer lugar, retrata las dificultades de someter a los elementos castrenses a la justicia civil y las presiones que enfrentan las personas y las instituciones encargadas de una investigación o un juicio contra las Fuerzas Armadas.
Esto viene a cuento por el caso Ayotzinapa, pues hemos visto una y otra vez cómo el obstruccionismo militar y la voluntad del gobierno federal de proteger a las Fuerzas Armadas han entorpecido los avances de la investigación y el esclarecimiento del caso. Esto ocurrió tanto en el sexenio de Enrique Peña Nieto como en el gobierno del presidente López Obrador.
En su tercer informe sobre el caso, publicado hace algunas semanas, el Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) advierte que, a pesar del supuesto compromiso del presidente López Obrador de entregar toda la información necesaria para el esclarecimiento del caso, la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a compartir documentos que podrían ser cruciales para conocer el destino final y el paradero de los normalistas.
Asimismo, cuando los indicios de la investigación de la Comisión de la Verdad y la Fiscalía Especial para el caso parecían apuntar hacia la corresponsabilidad del Ejército en la desaparición de los 43, el presidente López Obrador respaldó enérgicamente a las Fuerzas Armadas. Más aún, el fiscal especial Gómez Trejo se vio obligado a renunciar, en buena medida, orillado por las presiones castrenses.
En resumen, la película presenta de manera elocuente cómo, por su naturaleza opaca y su espíritu de cuerpo, las Fuerzas Armadas son reacias a someterse a la autoridad de los tribunales civiles y hacen lo posible por obstaculizar las investigaciones que implican a sus elementos. El filme también refleja cómo, ya sea por miedo a la inestabilidad política, por presiones o por genuina convicción, muchas veces las autoridades civiles apoyan a las instituciones castrenses en su bloqueo de la justicia.
Ambas cosas ocurren hoy en día en México con el caso Ayotzinapa y con muchos otros casos: como, por ejemplo, con la Comisión de la Verdad para esclarecer los crímenes de la Guerra Sucia. Varios colegas historiadores con conocimiento de primera mano del proceso de revisión de archivos me han contado sobre la resistencia del Ejército para darles acceso a todos los documentos. Trágicamente, tanto en Ayotzinapa como en la Guerra Sucia, no habrá verdad ni justicia en el corto plazo, en buena medida, debido al obstruccionismo militar y al respaldo civil a las Fuerzas Armadas.
Esto me conduce a un segundo punto. Dos factores clave para el relativo éxito del Juicio a las Juntas fueron la voluntad política del primer gobierno democrático y los reclamos de verdad y justicia del pueblo argentino. Así pues, el respaldo político y social al proceso de justicia transicional permitió una investigación diligente y una sentencia firme contra varios de los perpetradores de las atrocidades.
Sin embargo, pocos años después del Juicio, el respaldo político se esfumó. En 1986, se promulgó la Ley de Punto Final, que concedió un plazo máximo de sesenta días para iniciar acciones penales contra los represores de la dictadura. Poco después, se aprobó la Ley de Obediencia Debida, que eximió a los oficiales militares y al personal castrense subalterno de su responsabilidad en la represión porque habían actuado “en virtud de la obediencia debida” a sus superiores. Posteriormente, en 1990, el presidente Carlos Saúl Menem firmó indultos para varios de los principales perpetradores.
¿Cuál es la lección de todo esto? Sin voluntad política de los gobiernos civiles, no hay forma de que los elementos castrenses que hayan cometido violaciones a derechos humanos enfrenten consecuencias legales. La impunidad militar es directamente proporcional a la aquiescencia civil y la apatía social. Esa es una valiosa lección para México, sobre todo en medio del proceso de militarización que estamos viviendo.
Por último, Argentina, 1985 muestra la importancia de los procesos de justicia transicional y memoria histórica para la verdadera democratización de los países. La justicia transicional se compone de las diferentes acciones del Estado para enfrentar el pasado y buscar la justicia (redistributiva o restaurativa) frente a las atrocidades cometidas por el régimen político anterior.
Uno de los motivos por los que nuestra transición a la democracia quedó trunca es la ausencia de un proceso de justicia transicional: sin verdad y sin justicia, no hay democracia. ¡Y qué lejos de México están la verdad y la justicia!
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