Metapolítica
Morelia, Michoacán.- México no tiene una política nacional ni una ley sobre el desplazamiento forzado interno, a pesar del reconocimiento y la gravedad de este problema, indicaron especialistas en un estudio de la Dirección General de Investigación Estratégica del Instituto Belisario Domínguez (IBD).
Tan solo de enero de 2016 a mayo de 2021 hubo 138 episodios de desplazamiento masivo ocasionados por violencia, que obligaron a más de 75 mil personas a desplazarse internamente, señalan los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carrillo y Miguel Ángel Barrón González.
En el documento “Algunos aspectos sobre el desplazamiento forzado interno: países seleccionados”, precisaron que, durante este periodo, siete entidades concentraron el 91% de los casos: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Sinaloa.
La investigación indica que, hasta el momento, solo Chiapas, Guerrero y Sinaloa han aprobado leyes para la prevención y atención del desplazamiento interno.
Apenas en septiembre, la Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de la ONU, Cecilia Jimenez-Damary, urgió a instituciones nacionales y gubernamentales la creación de las leyes necesarias para prevenir el desplazamiento y proteger a las víctimas.
Jimenez-Damary coincidió en que es necesario crear un registro federal de víctimas de desplazamiento interno para crear conciencia y asignar un presupuesto suficiente para brindarles atención.
El 29 de septiembre de 2020, la Cámara de Diputados aprobó Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, sin embargo, actualmente sigue pendiente en el Senado de la República.
