Héctor Tapia / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Producto de adeudos estimados en 44 millones de pesos por concepto de renta, el Gobierno de Michoacán estaría por rescindir el contrato a la empresa Best Western, por el hotel del Centro de Convenciones.
Así mismo, y en consecuencia, el gobierno estatal estaría por lanzar una licitación para buscar otra empresa que la opere, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
El mandatario michoacano recordó que este hotel estuvo dentro del paquete de propiedades que el gobierno anterior, que encabezó Silvano Aureoles Conejo, buscó vender para hacerse de recursos, esto al cierre de su gestión.
“Pretendieron, entre otros bienes, hacer ‘venta de garaje’ de todo lo que pudieron”, días antes de dejar el cargo, incluido el inmueble donde se encuentra el hotel, este particularmente con un costo de 160 millones de pesos; sin embargo, destacó, esta intención se logró frenar.
Ramírez Bedolla destacó que si bien el costo del inmueble está valuado, no en términos comerciales, en 280 millones de pesos, “hay quien dice que puede valer más”, y dado que “es una propiedad altamente productiva, que general ingresos, se estima que pudiera incrementar su valor hasta en los 500 millones de pesos”.
En este punto, el mandatario dijo que después de varios años en los que no han pagado la correspondiente renta, su adeudo supera en estos momentos los 44 millones de pesos.
“La gravedad es que todo lo que se recauda de este arrendamiento va directamente a la promoción turística del estado”, recursos que no han sido pagados.
“Ese recurso nunca pasa por Finanzas, sino que pasa a través de la compañía Inmobiliaria, su consejo de administración lo traslada a turismo, con lo que se paga campañas de promoción, señalética, se invierte directamente al turismo”, insistió el mandatario.
A su consideración, esta deuda ha ocasionado que no se pueda incrementar los recursos necesarios para aumentar la promoción turística.
Al respecto, ya se interpuso una demanda, dado que la empresa ha reportado ganancias estimadas en los 168 millones de pesos.
Cuando se arribó al gobierno, en octubre de 2021, “lo que hicimos fue demandar porque si no caíamos en responsabilidades”. El tema central, dijo el gobernador, es que la empresa, cuando se le otorgó la operación del hotel, “no dio garantías, no dio alguna fianza”, por lo que se está en el proceso judicial para que paguen, “y seguramente vamos a tener que rescindir el contrato, licitar para que entre otra empresa a operar”.
