Metapolítica
Morelia, Michoacán.- Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), encabezados por el presidente Lorenzo Córdova Vianello, se pronunciaron de manera conjunta en torno a la ley electoral que se discute en las cámaras legislativas, enfatizando que “el INE nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma” y que tampoco “se le pidió información diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos”.
En un comunicado, en el que no se precisa si participaron los 11 consejeros o el nombre de quienes se pronuncian –en las imágenes divulgadas hay nueve–, el INE subraya que “la democracia vive momentos cruciales” ante la aprobación de una reforma a las leyes electorales, la cual “podría trastocar profundamente el sistema electoral que México ha construido y perfeccionado durante más de tres décadas”.
Ese sistema electoral, pondera el INE, garantiza “elecciones libres y renovación de los poderes públicos en condiciones de legalidad, certeza, equidad, paz pública y gobernabilidad democrática”
“Como consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral, manifestamos nuestra preocupación, tanto por el contenido de las reformas que están discutiéndose en las Cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo”, dice en el comunicado.
Y señala que como instituto lo ofrecieron en varias ocasiones, “nunca fue consultado sobre los contenidos de dicha reforma”.
“Al INE no se le pidió información diagnósticos ni opinión técnica sobre los cambios propuestos”, destacó.
En el comunicado, el INE advierte “deficiencias que ponen en peligro la operación de los procesos electorales”, y las enumeró:
“1. Toda reforma electoral debe estar fundada en el más amplio consenso posible entre los actores políticos y garantizar su legitimidad a partir del apego a la Constitución y a las leyes que rigen los procedimientos legislativos.
2. El INE despliega su trabajo en el territorio en 300 Juntas Ejecutivas Distritales, una por distrito. Esas Juntas desaparecerían con la reforma, lo que pondría en riesgo no sólo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, entre otras actividades que el INE despliega en el ámbito distrital.
3. Eliminar la estructura permanente subdelegacional del INE y reducir al mínimo el Servicio Profesional Electoral impediría contar con personal calificado como lo ordena la Constitución, pues la reforma contempla eliminar el 84.6% de las plazas que hoy integran dicho servicio civil de carrera. Esta medida pone en riesgo la eficacia y eficiencia con que se desarrollan los procesos electorales y la atención en los módulos donde se tramita la credencial para votar con fotografía.
4. La Constitución señala que en el INE existirán órganos de dirección, como el Consejo General y, por otra parte, órganos ejecutivos. Sin embargo, la reforma elimina a la Junta General Ejecutiva, que sería sustituida por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeras y consejeros, desnaturalizando su función de dirección e implicándolos en tareas administrativas ordinarias como la gestión de los recursos, que son ajenas a su labor de dirección. Además, incorpora a esa Comisión al Órgano Interno de Control, lo que va en contra de su naturaleza jurídica, que supone sólo una función fiscalizadora y no sustantiva.
5. Las y los trabajadores del Servicio Profesional Electoral Nacional llegaron a sus cargos por procedimientos de reclutamiento señalados en la ley, como los concursos públicos abiertos; se someten todos los años a una evaluación de su desempeño y son sujetos a un programa de formación y capacitación permanente. Despojarlos de sus puestos de trabajo, cuando no han cometido falta alguna, sino que al contrario han entregado buenas cuentas a la ciudadanía, es atentar contra sus derechos laborales. Por mandato constitucional, tanto el personal del SPEN como los de la Rama Administrativa, ven regidas sus condiciones de trabajo mediante el Estatuto respectivo. La reforma contempla que los trabajadores adscritos a la Rama Administrativa dejen de estar regulados por dicho Estatuto, afectando así sus condiciones generales de trabajo y garantías laborales, lo que viola sus derechos establecidos de forma expresa en la Carta Magna.
6. La reforma plantea la compactación de calendarios y alteración de procedimientos, algunos de ellos en temas altamente sensibles, como es la selección de las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla que reciben y cuentan los votos de sus vecinos y vecinas. Esa alteración conlleva una afectación a las garantías orgánicas y procedimentales básicas que, hasta ahora, han permitido elecciones libres y auténticas”.
A decir de los consejeros, la reforma “produciría un efecto regresivo” y podría generar “incertidumbre en torno a las reglas de la contienda electoral”.
Por lo anterior, llamaron a los legisladores “a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos”, y reiteraron su disposición para “sostener las reuniones de trabajo que se consideren adecuadas y a colaborar para que una eventual reforma sirva para mejorar el sistema” actual.
Precisa que si fuera el caso, recurrirá a “todas las instancias y a todas las vías jurídicas” constitucionales con el fin de “salvaguardar la autonomía y profesionalismo” del instituto.
