“El mejor gobierno es el que se hace innecesario”.
—Guillermo de Humboldt
Por Rosmi Bonilla
Quizás la memoria me falle, pero no tengo registro de que, alguna vez, se hayan consultado a grupos vulnerables, organizaciones de sociedad civil, universidades o instituciones de investigación social o gabinetes estratégicos sobre a dónde dirigir el gasto público.
Y es que si bien las cuestiones fiscales, de ingresos y egresos y la regulación interna de los órganos del Estado son excepciones para el ejercicio de mecanismos de participación ciudadana; hay mecanismos como el Presupuesto Participativo, las Contralorías Sociales y los foros de consulta por parte del Congreso para involucrar a los ciudadanos en el ciclo presupuestal.
Es importante resaltar que, de acuerdo al Índice de Presupuesto Abierto en el que el México se coloca en quinto lugar en los indicadores que miden la transparencia presupuestaria; el país queda muy por debajo cuando se analiza la participación pública en la elaboración, seguimiento y vigilancia del presupuesto (ciclo presupuestal).
Es decir, en el documento que elabora el gabinete estratégico Open Budget Partnership cada dos años, México tiene a disposición en tiempo y forma la propuesta de presupuesto que elabora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; el Congreso de la Unión sube a internet y permite la consulta en tiempo y forma del presupuesto anual aprobado y, en menor medida, la Auditoría Superior de la Federación muestra al público los informes sobre el gasto público. Sin embargo, en ninguna de estas etapas participan los ciudadanos.
Por supuesto que sería imposible satisfacer las necesidades de todos si pudiéramos participar en la elaboración del presupuesto; pero a través de talleres de inteligencia colectiva, sin duda, se podría obtener información interesante sobre la orientación del gasto público; es decir, hacia donde se debe orientar el dinero de todos según la perspectiva de organizaciones de grupos vulnerables (colectivos feministas, asociaciones de padres de familia, pueblos autóctonos, colegios de profesionistas, expertos, y –con tiento– sindicatos, organizaciones estudiantiles, de pacientes oncológicos, etc.); de organizaciones de la sociedad civil y de think thanks o gabinetes estratégicos.
Estas consultas o ejercicios de participación ciudadana podrían ser parte de la conformación del presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también un ejercicio de validación social en la aprobación por parte del Congreso de la Unión pues, aunque no están contemplados en ninguna ley o reglamento, tampoco violan ninguna disposición legal.
Finalmente, la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación podrían auxiliarse en su labor con ejercicios de Contraloría Social que sí está reglamentada pero que se limita programas de asistencia social y solo a través de los beneficiarios organizados. Sobra decir que es un mecanismo poco (por no decir nada) fomentado por la autoridad que debe acompañar a los grupos de beneficiarios organizados con orientación, capacitaciones y apoyo técnico.
Estos esquemas bien podrían replicarse en los estados y en los municipios ya que, sin duda, la participación ciudadana es esencial en el desarrollo democrático y en el ejercicio de la gobernanza; y, aunque es importante en todos los aspectos de la vida social, ¿se le ocurre un aspecto más trascendental en el que los ciudadanos podamos participar que el gasto público y su vigilancia?
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