Gustavo R. Gallardo / Metapolítica
Morelia, Michoacán.- El Instituto Nacional Electoral (INE) dio cuenta de cuatro puntos de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral (plan B) que se aprobaron en diciembre de 2022 y que, a su consideración, son importantes revisar, acusando “ausencia de una deliberación informada sobre su contenido, la carencia de un diagnóstico objetivo sobre las fortalezas y necesidades del modelo electoral vigente”.
En un documento de 12 páginas a modo de informe, el INE precisa que se trata de “un análisis temático de las posibles implicaciones de esa reforma a los ojos de la autoridad del Estado mexicano encargada de aplicar la legislación electoral”, en el sentido de las “probables consecuencias sobre el derecho de la ciudadanía a votar en las elecciones libres y auténticas” en los procesos electores de 2023 y 2024.
El llamado plan B, aprobado el 15 de diciembre de 2022 luego de que fuera rechazada la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como una de sus principales características, refiere el INE, es que al no haberse deliberado ni contemplado la opinión del instituto, “con frecuencia los cambios en marcha implican consecuencias indeseables para la celebración de elecciones que sean, como manda la Constitución, libres y auténticas”.
“Aun cuando el INE no fue consultado por el Legislativo durante el procesamiento de las iniciativas cuyo contenido se conoció el mismo 6 de diciembre anterior, es vocación institucional contribuir a la más amplia deliberación pública informada y razonada, así como a la toma de decisiones fundadas y motivadas”, enfatiza el INE.
Reformas relativas a la estructura y capacidad operativa del INE
En el primer punto aborda a grandes rasgos la propuesta de reestructura organizacional del INE en órganos desconcentrados y oficinas centrales, destacando que desde su creación como Instituto Federal Electoral en 1990, se ha “especializado en la organización de procesos electorales”, y que a la fecha se ha fortalecido su estructura, la cual, sostiene el instituto, el plan B plantea desmantelar.
“Elimina las 300 Juntas Ejecutivas Distritales que son las encargadas de realizar el trabajo sustantivo, en todo el territorio nacional, para la preparación, organización y celebración de elecciones (…) En lugar de esos 300 cuerpos ejecutivos colegiados se propone que exista, en el mejor de los casos, una Oficina Auxiliar ocupada por una sola persona (vocalía operativa) que tendría, bajo su responsabilidad, las tareas legales que hoy corresponden, como marca la constitución, a órganos ejecutivos no unipersonales”, explica, y señala que también se contempla reducir la estructura de las 32 Juntas Ejecutivas Locales.
Acusa que la reforma a las leyes electorales afecta de forma directa la actualización del Padrón Electoral y la cartografía electoral.
Sostiene que al desaparecer los vocales de capacitación en los 300 distritos electorales “implica dañar las tareas de educación cívica permanentes pero, sobre todo, no contar con el personal encargado de capacitar a 12 millones de ciudadanas y ciudadanos cada elección federal para integrar las Mesas Directivas de Casilla”.
Luego, comenta que el plan B elimina la Junta General Ejecutiva del INE y la sustituye por una Comisión de Administración integrada por cinco consejeros electorales, lo cual, afirma, “es contrario a la Constitución”.
“Por otra parte, es contrario a la Constitución dar facultades al Órgano Interno de Control del INE que trascienden su naturaleza de estricta fiscalización, incidiendo en las decisiones autónomas del Instituto y permitiéndole interferir en funciones electorales sustantivas, colocándolo en un evidente conflicto de interés”, explica.
En cuanto al Servicio Profesional Electoral Nacional, el INE refiere, entre otras cosas, que la desaparición tanto de las Juntas Ejecutivas Distritales como la afectación a la estructura de las Juntas Ejecutivas Locales “implicará una reducción del Servicio Profesional Electoral Nacional equivalente al 84.6%”, lo cual representa una afectación a los derechos laborales.
“En un primer análisis se identifica que, de las 2,571 plazas de cargos y puestos que conforman actualmente la estructura del SPEN del sistema INE, la reforma sólo contempla mantener 396, lo que significaría en conjunto que la disminución de la estructura sería del 84.6%”, afirma.
En otro aspecto, el INE refiere que la reforma “impacta fuertemente” sus finanzas, ya que “propone liquidar a miles de personas”, quienes tienen derecho legal a recibir tres meses de su remuneración y adicionalmente 20 días por cada año de servicio al rescindirles su contrato.
El INE asegura que el proyecto de decreto considera además modificaciones importantes en la estructura de los Organismos Públicos Locales (OPL), “aun cuando la Constitución no confiere al Congreso de la Unión potestad alguna para regular orgánicamente a los OPL, porque se trata, en todo caso, de desarrollo legislativo que la propia Constitución impone como deber a las constituciones y leyes electorales de cada Estado”.
En ese punto, el instituto agrega que la reforma dispone que a nivel central sólo contarán con una estructura máxima dividida en dos áreas: Organización, Capacitación Electoral y Educación Cívica, y Administración, Prerrogativas y Asuntos Jurídicos, “con lo cual se desconoce las particularidades locales de cada entidad”.
“No señala o determina en qué área ejecutiva recaerían las atribuciones sobre la organización o intervención en las elecciones por sistemas normativos internos”, refiere.
