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Desde el Congreso se buscará frenar el PMDU de Morelia que perjudica a 13 mil familias de Santiaguito: Barragán Vélez

Héctor Tapia / Metapolítica

Desde la Comisión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda se buscará frenar el Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) de Morelia que afectaría a cerca de 13 mil familias del Ejido de Santiaguito, explicó Juan Carlos Barragán Vélez.

El legislador local dijo que esto es a partir de que claramente la iniciativa del nuevo plan de desarrollo el gobierno municipal lesiona el patrimonio de 13 mil familias del ejido de Santiaguito, quienes se manifestaron este día en la capital michoacana.

Barragán Vélez dijo que el ayuntamiento capitalino agrede a los ejidatarios y a quienes han adquirido lotos en esta zona con el nuevo plan de desarrollo, por lo que “desde el congreso buscaremos detener” esta iniciativa.

“Lamento que el presidente busque la manera de maltratar a las familias con este proyecto, pero que solo busca sus propios intereses”, aseveró.
“Nosotros como comisión les damos la razón al ejido porque saldrán perjudicados para beneficiar a fraccionadores privados; el alcalde quiere seguir enriqueciéndose, ahora lastimando a las familias que viven en los predios de este ejido”, abundó. 
“Buscaremos impedir que se afecte a los ciudadanos de esta zona de la ciudad”, aseveró el legislador local.

Con las autoridades del ejido, dijo Barragán Vélez, “quedamos de buscamos este jueves, acordamos reunirnos en el transcurso del día; no vamos a permitir que se atente contra las familias, cuando han sido generosos con la ciudad de Morelia al dotar con terrenos que han servido para crear espacios de reacción y parques para servicio de quienes vivimos en Morelia”. 

Juan Carlos Barragán dijo:

“El Congreso tiene facultades para atender el tema y hacer un llamado a quienes atenten contra la ciudadanía; pero también [los ciudadanos] tienen el recurso del amparo, y nosotros los habremos de acompañar con todo el equipo jurídico y lo que sea necesario, incluso con movilización. Más allá de cuestiones particulares individuales y políticas, es cuestión de protección de 13 mil familias. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de personas que se ven afectadas por intereses económicos del alcalde moreliano”.

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