Boletín
Morelia, Michoacán.- A cinco años de su implementación, las Salas Especializadas en Materia Anticorrupción y Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM) han avanzado en su encomienda de resolver sobre este tipo de asuntos.
“Estableciendo incluso nuevos criterios jurídicos sobre aspectos que la norma no contempla, pues hablamos de una materia nueva, no sólo para la entidad, sino también para el resto del país”, expuso el magistrado Sergio Mecino Morales.
El magistrado titular de la Quinta Sala Especializada en Materia Anticorrupción del TJAM ofreció una conferencia a estudiantes de la Universidad La Salle Morelia donde habló, precisamente, del marco jurídico que ha dado a luz el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus pares estatales, en torno de los cuales se agrupan los trabajos de los Poderes del estado, de los distintos niveles de gobierno y de los organismos autónomos para combatir El fenómeno.
El aparato anticorrupción del Estado Mexicano, surge “a raíz de la adhesión de nuestro país a diferentes Convenciones y Tratados Internacionales pero, también, obligado por la ciudadanía que ha mostrado su preocupación a este respecto, ya que la percepción es que este combate no avanza”, expuso el magistrado, y refirió que, sobre dicha percepción, el país continua por debajo de la media internacional: una calificación de 43, en una escala de 100 durante el año pasado, de acuerdo con el barómetro de Transparencia Internacional.
Refirió que, en términos jurídicos, la reforma más significativa en este rubro data de 2015, cuando se registra una reforma a la Constitución Mexicana que da pie a la promulgación de nuevas leyes, y la reformulación de las ya existentes, a fin no sólo de crear el SNA, sino también de otorgar facultades al Poder Legislativo para que afianzar el papel de las contralorías internas y, en el caso que nos ocupa, dotar de competencia especializada a órganos como el TJAM en toda la República.
En Michoacán, las Salas Especializadas comenzaron a funcionar tras las reformas a la Constitución Política del estado y las adecuaciones al Código de Justicia Administrativa y algunas leyes secundarias.
Esto es, que “en el Tribunal de Justicia Administrativa nos tocó iniciar con los nuevos procedimientos, porque no había, ni hay, suficiente jurisprudencia al respecto”, comentó Mecino Morales.
De esta suerte, dijo, “hemos venido creando criterios específicos para resolver ante algunas ambigüedades de la ley, pero hemos avanzado y es importante:
“De cero asuntos con los que arrancamos en 2018, cada vez conocemos más sobre casos de anticorrupción y responsabilidades administrativas, de forma que el año anterior tuvimos un aumento de más del 40 por ciento en cuanto a los asuntos recibidos por las dos Salas Especializadas del TJAM, y prevemos que esta tendencia continúe en los años que vienen”, concluyó.
