Héctor Tapia / Metapolítica
Los tiempos políticos ya terminaron respecto al paquete de reformas electorales, que fueron promulgadas hace unos días, mejor conocidas como “Plan B”, ahora “es tiempo de los jueces”, remarcó el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Ignacio Hurtado Gómez.
Remarcó que la sociedad está constituida como un Estado constitucional y democrático, el cual deja claro que ha tiempos para las mismas instituciones.
De esta manera dijo que en lo que se refiere a este paquete de reformas legales en materia electoral, ya concluyó el tiempo político, que correspondió desahogarse en el Congreso de la Unión, que son la Cámara de Diputados y la de Senadores, y que ahora, en el marco de los tiempos constitucionales, es tiempo de los jueces.
Es decir, está en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el definir el futuro de estas reformas que han sido controvertidas por diversos actores, argumentando una serie de aspectos que a su consideración son inconstitucionales.,
“En esa medida, en este tiempo, evidentemente toda esta discusión que se ha generado en torno al Plan B, ahora tendrá que tener respuestas en términos jurídicos y constitucionales”, remarcó.
Hurtado Gómez dijo que “las instituciones políticas ya hablaron, ahora corresponde hablar a los tribunales constitucionales, ahí es donde se enmarca el momento que vive esta reforma, esto en la media de que sus alcances y contenidos son sujetas, o están siendo sujetas, a la revisión por parte de los tribunales”.
Esta fase que se vive en este sentido, dijo, “nos ubica en un contexto de estrategias jurídicas” y no estrategias políticas que, insistió, ya quedaron atrás; “tienen tiempos de definiciones jurídicas, que me parece que son definiciones que se han venido dando desde tiempos pasados”, al referirse a una serie de elementos o procedimientos que se han venido interponiendo a partir de estas reformas.
Hay que recordar que la intención original en la Cámara de Diputados es que se diera una reforma constitucional en la materia, la cual fue rechazada y se optó por el gobierno federal de enviar un paquete de reformas legales, conocidas como Plan B, que se avalaron sólo por mayoría simple.
“En esta suerte de estrategia jurídica, llama la atención que empieza a haber precedentes”, explicó, y al detallar uno de estos elementos informó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió, aunque todavía no hay sentencia, que quienes tienen la facultad de modificar las estructuras en los organismos electorales locales son los congresos locales, y no el INE, como viene contemplado en el Plan B.
“Ese argumento llevado al tema del Plan B tendrá que haber un análisis de preguntarse hasta donde el Congreso de la Unión puede reformar la estructura de los institutos locales en lo general”, abundó.
Ignacio Hurtado refirió que “la batalla jurídica comenzó desde antes, ya algunos ministros, ministras, jueces, poco a poco van perfilando criterios que en algún momento les permitan cuando llegue el momento de analizar los proyectos de sentencias del plan B, tienen un criterio jurídico específico”, por ello advirtió que los tiempos por venir serán definitorios, porque será a partir de la posición que asuman los jueces constitucionales sobre la ruta hacia dónde transitará la revisión jurisdiccional de estas reformas.
