Héctor Tapia / Metapolítica
A partir de que se reduce el tiempo para realizar reformas electorales en Michoacán, para que tengan vigencia para el siguiente proceso electoral, “valdría la pena un exhorto institucional y respetuoso” a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva lo más pronto posible lo relativo a los recursos que se han presentado en contra del Plan B electoral, refirió el diputado local Reyes Galindo Pedraza, integrante de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado.
El también coordinador parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso local dijo que si bien se sabe que el Máximo Tribunal de Justicia del país resuelve de acuerdo a los tiempos establecidos en la norma, sí sería importante que pronto se pudieran resolver las acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y demás recursos que se interpusieron contra este paquete de reformas, que fueron promulgadas a inicios de marzo a nivel federal, para que la norma pueda tener ya plena vigencia para el proceso electoral venidero.
Sobre esto, dijo el diputado local, “nos preocupa lo que pueda definir el órgano de justicia porque ha dado muestra de tomar decisiones que intentan mantener algunas prácticas obsoletas, viciadas, del viejo régimen de corrupción, y esperamos que en esta ocasión sea la excepción, que no se favorezca los privilegios que tenían en este instituto que hoy ha sido ajustado para mayor democratización, mayor eficiencia y menos despilfarro, y que no vaya a haber un retroceso a la democracia”.
Dijo que preocupa la determinación que puedan tomar los ministros de la SCJN a partir de las últimas determinaciones que han tomado, aunque, añadió, “damos un voto de confianza, de que pueda ser plena la vigencia” del denominado Plan B, ajustes que fueron planteados para “desarraigar malas prácticas en el INE, quitar el derroche y los privilegios, desaparecer los fideicomisos disfrazados” y que estos recursos que se ahorren puedan ahorrarse en beneficio de la gente, recursos que se estiman ascenderían a los mil 400 millones de pesos anuales.
En entrevista, el legislador dijo que en el Partido el Trabajo celebran la entrada en vigor de la reforma electoral, contra la cual fueron promovidas más de 40 acciones de inconstitucionalidad, y otro tanto como de 30 controversias constitucionales, las cuales tendrá que resolver la SCJN.
“En lo local, y desde esta Comisión estamos previendo un esquema de trabajo que en cuestión de días estaremos aprobando y compartiendo de manera pública”, explicó, y remarcó que los términos constitucionales establece un plazo de 90 días antes de que inicie un proceso electoral para que se puedan dar reformas en la materia para que tengan aplicabilidad en el proceso electoral por iniciar. Es decir, remarcó, se tendrá que tener estas reformas locales para antes de que finalice el mes de mayo.
“Hay muchas modificaciones en muchos temas, que fueron reformados con el Plan B, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la de partidos políticos, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Medios de Impugnación; este gran paquete que modifica cuestiones sustanciales, tenemos que reflejarlas y armonizarlas a nivel local, y estaríamos, a cuestión de días, el mismo jueves de esta semana reunidos con la Comisión” para concertar un calendario que se habrá de seguir para abordar la ruta de reformas locales.
“Somos cuidadosos de los tiempos, creemos que debemos conocer las resoluciones que haga la corte sobre estos medios de impugnación para que el texto legal quede firme y sea vigente en plenitud”, enfatizó Reyes Galindo Pedraza.
El legislador petista aseveró que con el Plan B no está en juego la certeza del proceso electoral, y refirió que la debilidad que enfrentó este paquete de reformas fue “la campaña de desprestigio, desinformación, confusión, que ha generado el bloque opositor para mantenerse en el esquema caduco. Hay todas las condiciones para que pueda haber instituciones sólidas para llevar a cabo el proceso electoral 2024”.
“La disminución del esquema con que venía funcionando el INE no es un despido masivo de trabajadores; hay una reorganización de sus áreas, una optimización de las plazas que componen la planilla de trabajadores que permitirá una reasignación de los sueltos de las plazas de altos mandos, y un ahorro a favor del pueblo de mil 300 millones de pesos cada año, sin que este personal técnico y operativo tenga alguna afectación”, aseveró.
