Metapolítica
Morelia, Michoacán.- La presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses “debe ser obligatoria para todos los servidores públicos en el estado, sin distingo”, destacó hoy el magistrado Hugo Gama Coria, presidente del Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán (TJAM), ante el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA).
Esto, durante la primera sesión ordinaria de 2023 de dicho órgano de gobierno, en la que el magistrado Gama indicó, dado que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado “obliga a todos los servidores públicos a presentar sus declaraciones, es importante que este ordenamiento se cumpla”.
De lo contrario, añadió, continuará existiendo “una violación sistemática a la ley, como ocurre desde hace mucho tiempo”.
En ese sentido, propuso dos acciones: Que, desde el SEA se emita una campaña de difusión –que será replicada por cada una de las instituciones que integran el Comité Coordinador (CC)– para ampliar el conocimiento de esta responsabilidad.
Además, el envío de una “circular dirigida a los Poderes, los organismos autónomos y los municipios, para que estos difundan ampliamente el periodo de las declaraciones y, así, todos los servidores, sean o no de confianza, o manejen o no recursos públicos, la cumplan”, dijo.
Ambas propuestas fueron aprobadas por el Comité.
Por otra parte, en esta sesión también se dio a conocer que avanza la propuesta presentada por el TJAM en meses anteriores, a fin de certificar a las y los integrantes de las Contralorías en el estado con objetivo de fortalecer la lucha anticorrupción, pues hoy fue aprobada una partida presupuestal para su operación correspondiente, con base en la disponibilidad presupuestal para este año.
De acuerdo con el presidente del Comité de Participación Ciudadana y, por ende, titular del CC, Víctor Hugo Vieyra Avilés, ya se ha dado también un acercamiento con la División de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana, “para buscar una certificación con validez académica y oficial en esta materia.
“Le estamos dando seguimiento”, añadió, y puntualizó que, de concretarse, Michoacán sería la segunda entidad en el país en contar con un esquema de este tipo.
El magistrado Gama agregó que, “en su debido momento, la certificación tendrá que ser obligatoria para las y los funcionarios públicos que integran las contralorías; de otra manera, no podremos emprender una lucha frontal contra los actos de corrupción en el estado”.
Por último, sobre las propuestas del TJAM al interior del SEA, el magistrado presidente comentó la posibilidad de fortalecer el llamado a utilizar la plataforma digital de denuncia pública sobre faltas administrativas y hechos de corrupción, para que sean no sólo las contralorías en Michoacán quienes la usan, sino también a los Cabildos y en general los Ayuntamientos de la entidad.
